La licencia, que se incorporará al artículo 70 del Estatuto Docente, contempla "a las y los docentes con carácter de titular, interino o suplente que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su seguridad personal, y que por tal motivo deban ausentarse de su puesto de trabajo". El texto aprobado indica que la licencia tendrá que "contar con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas" y sostiene que "en un plazo de 72 horas se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales competentes".

La iniciativa fue votada por unanimidad en la sesión ordinaria del Legislatura en base a los proyectos presentados por diversos legisladores y consensuada con la Unión de Trabajadores de la Educación y el Ejecutivo porteño. Según el texto, la licencia para docentes por violencia de género se da ante "la necesidad de instrumentar políticas públicas que contribuyan a la ampliación de derechos y seguir avanzando en nuestra legislación".

Y precisa que "en nuestra sociedad, esta problemática afecta fundamentalmente a las mujeres, que sufren distintos tipos de violencia, que han sido categorizadas de manera física, psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, económica y simbólica que suceden en ámbitos familiares, institucionales, laborales o mediáticos".

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, destacó la aprobación de la iniciativa que "viene a visibilizar e instituir un tipo de licencia que estaba de alguna manera negada por Estado de la Ciudad y viene a cumplir y a sumarse a esa ampliación de derechos que tenemos que garantizar a las trabajadores docentes del sistema educativo".

La legisladora del Frente para la Victoria, Lorena Pokoik, autora de uno de los proyectos, declaró que "es importante que a la víctima se la acompañe y se le brinde todos las herramientas del Estado para su protección integral". Y añadió: "Después de muchas discusiones pudimos ponernos de acuerdo en no tener que obligar a la víctima a realizar una denuncia judicial para poder otorgarle la licencia, como ocurre en otras jurisdicciones".

Paula Villalba, diputada del PRO que forma parte del colectivo Ni Una Menos, afirmó que "de esta manera las mujeres van a poder utilizar esta licencia, pudiendo visibilizar con sus compañeros de trabajo lo que está pasando, sin sentir vergüenza, se está apoyando a la mujer con una norma concreta". Agregó que "las movilizaciones del colectivo Ni Una Menos que hemos llevado adelante ayudaron a la visualización del drama de la violencia de género y de la violencia machista".

El diputado Juan Francisco Nosiglia, de la bancada ECO, calificó la sanción de la ley como "un derecho fundamental para los docentes" y señaló que “se trata de un paso más para instrumentar políticas públicas que contribuyan a la ampliación de derechos”. Y para Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, la aprobación de la norma representa "un mojón en defensa de las conquistas laborales", al tiempo que Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, consideró que "es un paso muy valorable el que se está dando".

La licencia por violencia de género fue debatida en el marco de la comisión de Educación que preside Ferraro durante un año y medio, con reuniones en las que participaron expertos sobre la temática que realizaron aportes a la redacción final del proyecto. En ese marco, formaron parte del debate Analia Monferret, a cargo de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema; representantes de los sindicatos docentes UTE, Ctera, Ademys, Camyp, Sedeba, UDA; María Eva Riarte, coordinadora del Hospital Penna; Analía Lucrecia Vallaro, del Hospital Durand y Ester Mancera, del Parlamento de Mujeres.