La delegación mendocina del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) estalló contra la DGE.

El motivo del enojo es la Resolución 29, firmada por el gobierno escolar el 2 de diciembre, donde solicita a los colegios privados que actualicen los legajos de todo el plantel docente, lo que molestó al gremio.

Y aunque en la DGE resaltan que no se trata de nada nuevo sino que es la documentación que desde siempre se ha exigido por ley (el certificado de antecedentes penales y policiales, el título legalizado, el acta de nacimiento actualizada y el certificado de aptitud psicofísica), en Sadop acusan que estos papeles se les están solicitando a todos los docentes, incluso a aquellos que los presentaron a fines del 2016 y que aún tienen vigencia legal.

Además, resaltan que son trámites que deben pagar de su bolsillo y que tienen que hacerlo en tiempo récord, puesto que deben presentarlos antes del inicio del ciclo lectivo (6 de marzo).

Pero esta no es la única polémica que enfrenta al sindicato con la DGE. Hay una segunda por los aportes que el Gobierno destina a los colegios privados para pagar los salarios de los docentes, a cambio de que las cuotas se mantengan en valores “pagables” (ver aparte).

Papeles polémicos

La directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, explicó que las exigencias contempladas en la Resolución 29 “no implican nada distinto a lo que se pide y ha pedido siempre a los docentes de cualquier escuela de gestión pública o privada”.

Y resaltó que no es un capricho: “Estamos garantizando que aquellas personas que tengan a su cargo la educación de los chicos tengan condiciones aptas”.

Además, sostuvo que los colegios privados tienen (o deberían tener) ART para que los docentes puedan ser sometidos a estos exámenes.

“La idea es garantizar que dentro del sistema esté todo normalizado. Lo llamativo es que no hemos recibido quejas ni de los docentes ni de las instituciones a raíz de esta exigencia”, indicó.

No obstante, en el sindicato consideran que -de forma arbitraria- se ha decidido que todos los trabajadores deban someterse nuevamente a estos exámenes.

“Es terrible que se les exija a los docentes que entre enero y febrero saquen turno para el certificado de buena conducta y para realizarse el psicofísico, cuando es el período en que ellos están descansando. A un docente, tener a su cargo a 30 niños de mañana y 36 de tarde lo va agotando. No puede pedírsele esto en su período de descanso”, explicó el secretario gremial de Sadop, Jorge Fiore.

“Los colegios privados le van pidiendo esta documentación a los docentes en la medida en que van entrando, y deben ir renovándola periódicamente. Hay algunos que se hicieron los estudios y la presentaron en noviembre, pero como esta resolución fija que deben presentarla antes de marzo, van a tener que hacerlo nuevamente. Y la validez de un certificado psicofísico es de 2 años, pero quieren pasar eso por alto. Además, se trata de un certificado de salud laboral, por lo que ni la ART ni la obra social se hacen cargo. Entonces tenemos que pagar de nuestros bolsillos 1.000 o 2.000 pesos en la suma de trámites, y tenemos un sueldo de 8.000 pesos”, siguió Fiore.

Asimismo, destacó que han pedido a la DGE que se fije un plazo de 6 meses para que los trabajadores puedan presentar esta documentación, aunque -con pesimismo- agregó que no han tenido ninguna respuesta.

“No hay turnos, yo he ido a pedir y recién me han dado para marzo. Además hay que entender que a cerca de 20% de los docentes algo extraño nos puede saltar en los psicofísicos, porque permanentemente estamos expuesto a presiones de los chicos, de los padres, de los dueños de las escuelas. Todos vamos teniendo una afección con los años”, sintetizó.

Niegan el quite de fondos a algunos colegios

Sadop acusa a la DGE también de haberle quitado aportes económicos a algunos colegios privados, con los que se pagan los salarios del personal.

“Si se le quitan los aportes al Norbridge -uno de los que recibe esta asistencia-, el colegio tendrá que subir la cuota y muchos niños se van a quedar sin el proyecto, que es muy bueno. Y muchos docentes sin trabajo”, destacó el secretario gremial, Jorge Fiore. 

No obstante, la directora de Educación Privada lo negó: “El Norbridge en los dos niveles recibe 100% del dinero correspondiente a los sueldos de la plata funcional obligatoria y no se ha hecho ninguna alteración. Lo que sí se decidió es derogar un decreto que firmó el ex gobernador (Francisco) Pérez en diciembre del 2015 -antes de irse- mediante el cual se les daba en beneficio de poder fijar una cuota superior a la media de las instituciones privadas a aquellos colegios de gestión privada que en su propuesta pedagógica tengan talentos especiales. Pero se trata de una norma general, no sólo para esta escuela”, destacó Beatriz Della Savia.

“Es un problema ficticio, no le hemos hecho ninguna alteración a la escuela y no le hemos recortado nada”, agregó.

Otro colegio que ha sido noticia recientemente es el Juan Salvador (Luján de Cuyo). Según indicó la funcionaria, la institución ha tenido un funcionamiento irregular ya que recibía aportes del Estado (100% para los sueldos del personal de primaria y 70% para el de secundaria) pero no acreditaba los salarios en tiempo y forma a los docentes ni rendía cuentas a la DGE. 

Los colegios que reciben estos aportes no pueden cobrar una cuota mensual de más de 1.325 pesos, mientras que los que reciben el mínimo (30%) tienen un techo de cuota cercano a los 2.400 pesos. En Mendoza, de 150 colegios privados, sólo 6 no reciben aportes del Estado.