El gobierno municipal decidió avanzar en una materia en la que sus principales figuras no pregonaron con el ejemplo: las declaraciones juradas. Envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para incluir más funcionarios entre los obligados a presentar su patrimonio en internet. Entre ellos, a los defensores del pueblo, que hasta ahora estaban eximidos.

La iniciativa es una modificación de la ordenanza 13914, aprobada en 2001, que establece la obligatoriedad de publicitar en las páginas oficiales del municipio las declaraciones juradas patrimoniales de los directores, subsecretarios, secretarios, intendente y concejales.

El proyecto impulsado por la administración comunal plantea que estén obligados también los presidentes, vicepresidentes y directores de los entes descentralizados; el administrador de la Agencia de Recaudación Municipal, jueces de faltas, el secretario y los directores del Concejo, los defensores del pueblo y los agentes o funcionarios que tengan a su cargo la administración de fondos o la custodia de bienes municipales.

El proyecto surge cuando en el listado de declaraciones juradas que figura en la página de la municipalidad falta la

de uno de los principales secretarios del intendente Carlos Arroyo: el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, no hizo la presentación pese a que asumió hace casi un año. El propio intendente se demoró más: su declaración jurada fue subida a internet en enero de 2017, más de un año después de su asunción, en diciembre de 2015.

Según el proyecto oficial, desde que ocupan sus cargos los funcionarios tendrán 30 días para declarar su patrimonio ante la Tesorería municipal, serán publicadas en la página de internet de la municipalidad y podrán ser exhibidas “ante cualquier requerimiento”.

Establece además la protección de datos personales, como los números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito y débito, los nombres y apellidos de cónyuges e hijos y la individualización de los bienes. Estos datos solo podrán entregarse ante un requerimiento de la Justicia.

El proyecto también establece sanciones para los funcionarios que no presenten la documentación. Se les descontará el 50% de los haberes ante el primer requerimiento de la Dirección de Personal una vez transcurridos los 30 días de plazo, y el 75% a partir del segundo pedido, hasta que cese el incumplimiento.