El Gobierno hizo un nuevo gesto político a la otra actividad agroindustrial más importante de la economía provincial. Tras confirmar la misma medida para la producción citrícola, el Poder Ejecutivo (PE) declaró la Emergencia Agropecuaria para las zonas de cultivos de azúcar, debido a los daños en los cultivos tucumanos por efecto de la sequía y las heladas.

A través del Decreto 344 del Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP), firmado por el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, y el secretario de Desarrollo Productivo, Bartolomé Del Bono, el Gobierno aplicó la Ley 5860, que establece beneficios tributarios desde el pasado lunes y hasta el 24 de febrero del próximo año. Se espera que durante el período de vigencia del régimen, las explotaciones agrícolas alcancen una recuperación productiva.

El texto fue publicado en el Boletín Oficial el jueves y confirmó la decisión oficial. A partir de ahora, la Dirección de Agricultura, que depende la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos, emitirá los certificados para aquellos productores afectados.

El decreto ha establecido algunas concesiones para el sector, como la postergación de “obligaciones de plazos pendientes o vencidos a la fecha de iniciación de la emergencia y desastre agropecuario, por obligaciones bancarias cuyo acreedor sea la Caja Popular de Ahorros (CPA), la suspensión de los procedimientos judiciales y administrativos promovidos por cobro de créditos estatales.

Según la norma, el Gobierno gestionará créditos para la continuidad de las explotaciones, tanto para el mantenimiento de la actividad productiva como para conservar el personal. El agente financiero será la CPA y las tasas serán de un 50% de las vigentes en caso de Emergencia y de un 25% por desastre. A su vez, se condonará el pago del impuesto Inmobiliario y habrá exención del impuesto de Sellos con relación a los actos jurídicos, entre otras condiciones.

“La veníamos solicitando desde junio de 2013 (por la ley provincial), al observar lo que estaba pasando en la actividad respecto de los desastres ocasionados por los fenómenos climáticos. La ley no trae beneficios económicos inmediatos, pero abren la posibilidad de realizar gestiones para tratar de recuperar el estado productivo de los cañeros”, expresó ayer Sergio Fara, titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT).

El dirigente expresó, sin embargo, que está vigente el reclamo por correcciones en el actual texto y que, entre otros puntos, se solicita que la Emergencia por desastre “debería venir acompañada con recursos económicos y con política cañera a largo plazo”. Inclusive, Fara solicitó al Gobierno que gestione desde ahora la declaración de el Emergencia nacional con el fin de lograr beneficios impositivos federales, entre otros.

Según datos del sector, en la provincia existen 6.300 cañeros. Y los daños registrados en los cañaverales variaron según la zona de cultivos. Hubo campos con un 50% de afectación y hasta el 80%, pero otros con un 10%, según los datos que manejan en la cartera de producción. Como efecto de la sequía, las heladas y la quema en cañaverales, las plantas han presentado “un retraso significativo” en la actual campaña.

La Emergencia provincial fue formalizada un día antes para la producción de limón, debido a la caída de la capacidad de producción de un 50%, determinada por informes técnicos.