Empleados del Casino refutan a Alperovich y apuntan contra la gestión de la Caja Popular

Sindicalistas y trabajadores de la casa de juegos, desmintieron al Gobernador, al señalar que la entidad no presenta un balance deficitario.
Consideraron necesario "desplazar" a los funcionarios que tienen a su cargo la administración del casino. Preocupación por las condiciones laborales. Competencia desleal no regulada.

La decisión del Gobierno tucumano de privatizar el Casino provincial levantó las objeciones, no sólo de los sectores opositores, sino que también se ganó la férrea resistencia de los propios empleados de la casa de entretenimientos, quienes refutan el argumento principal con el cual el alperovismo se apresta a concretar su pretensión.

Así, los trabajadores que prestan aún sus servicios en la institución, sostienen que no existe el déficit operativo que se plantea oficialmente, al tiempo de manifestar su preocupación ante el cambio de manos en la titularidad del casino, puesto la incertidumbre que ello genera, teniendo en cuenta la futura conservación, o no, de los respectivos puestos laborales.

Como ser recordará, fue el propio mandatario, José Alperovich, quien señaló días atrás que nuestra provincia se caracterizaba por ser el único lugar en el mundo donde el juego generaba pérdidas (se calcula un monto cercano a los 10 millones de pesos anuales), lo que significaba una falencia en el manejo que hasta el momento estaba demostrando el Estado en este sentido.

Por ello, el proyecto que toma forma en Casa de Gobierno estipula que la explotación del ex hotel Savoy (referido al alojamiento en 66 habitaciones), como así también los espacios lúdicos, sean administrados por la empresa IVIZA S.A., que ya posee, desde el 2006, la concesión de las 200 máquinas tragamonedas existentes en la actualidad en el edificio.

"Señor Gobernador, los mismos funcionarios que administran mal son los que lo tienen desinformado y no conocen la problemática real de los trabajadores del Casino. El paño (Ruleta, Punto y Banca, Black Jack y Fast Pocker) no da pérdidas", sostuvieron Daniel Francisco Cabello (Secretario General de la Asociación de Empleados de Casino), Omar Adolfo Leguizamón (Secretario General Sindicato de Empleados Administrativos del Casino) y Juan Carlos Díaz (tesorero Caja de Profesionales).

Así también, en un comunicado hecho público por los empleados del lugar, se ratificó la oposición a la medida, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones previstas para instrumentar la operatoria, puesto que consideran que "el personal terminará siendo la moneda de cambio" en la misma.

"Podemos coincidir en que el Estado sea un mal administrador, pero también podemos pensar que, luego de siete años de una gestión de Gobierno, esa mala administración pudo haber estado premeditada", indicaron en el comunicado, como una forma de argumentar las necesidades que motivarían la incursión en la privatización del casino.

En este contexto, instaron a las autoridades a propiciar cambios solamente en los mandos responsables de administrar la entidad, "que seguramente administraran mal otras cosas, y mantener el juego en manos del Estado, sabiendo que es quien le debe dar transparencia".

En los considerandos expuestos por quienes no comulgan con el proyecto del alperovismo, se indica que los juegos generaron una utilidad de 9.535.884 pesos en el período de enero de 2011 hasta comienzos de este año. Además, otro de los datos suministrados, da cuenta que en el último ejercicio, el Casino le aportó al SIPROSA una suma cercana a los 1.600.000 pesos, ingresos que se perderían en caso de avanzar en la privatización, según detallaron los referentes aludidos anteriormente. En tanto, se consignó que Alperovich había asumido el compromiso junto a quien se desempeñaba en su momento como interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), Osvaldo Jaldo, de contabilizar el canon de los tragamonedas por la contabilidad del Casino y no permitir juegos similares (por lo que IVIZA desembolsaba 360.000 pesos mensuales y de 4.680.000 anuales). "Esto no se cumplió, creando una competencia desleal", precisaron los delegados sindicales.

En desmedro de la actividad

Vinculado con esto último, los empleados remarcaron que a partir de la década del 90 comenzó a gestarse "un plan sistemático y tendencioso" consistente en habilitar otros lugares de juego diseminados por toda la provincia, "cuyo funcionamiento fue debilitando nuestra capacidad operativa por la pérdida de potenciales clientes, con el agravante de que el canon que abonan no se registra por nuestra Contabilidad, sino que ingresa por otro departamento de la CPA, desconociéndose las razones de dicha operatoria", arguyeron.

Así también, solicitaron informes sobre la manera de administración y distribución de los 900 millones de pesos surgidos a partir de la implementación en plaza de los juegos de azar (Quiniela, TeleKino, Casino, Loto, Quini 6).

"Pero esto no termina acá, últimamente, la Caja Popular de Ahorros, a cambio de una remodelación edilicia, que ha dejado mucho que desear, autorizó a la firma IVIZA (quien ya tiene a su cargo la informatización de la Quiniela, el Telekino y el pago de impuestos en la Caja Popular y percibe anualmente por el servicio que brinda la suma aproximada de 14.400.000 pesos) a la instalación de máquinas electrónicas, ocupando el 70 por ciento del espacio físico, con el agravante de contar en nuestro propio ámbito con maquinas de Ruleta que compiten en forma directa en desmedro de nuestra actividad. En pocas palabras, la Unidad de Negocio (Casino de Tucumán) ha perdido su capacidad operativa por causas no atribuibles al personal, sin que se hayan tomado medidas", advirtieron en el comunicado.

En torno a las condiciones de trabajo bajo las cuales estarán sujetos quienes sean empleados en la nueva gestión, las críticas radican en señalar las faltas de garantías al momento de conservar dichos puestos laborales. En este sentido, recalcaron que "nos quieren mandar compulsivamente a la empresa IVIZA con un retiro definitivo. Somos empleados de la Caja, estamos en el presupuesto de la Caja y en la Carta Orgánica de la Institución, organismo de máxima aplicación en el aspecto institucional interno (Ley 5115)", expresaron Cabello, Díaz y Leguizamón.

Vale indicar que las posibles afectadas son 180 familias que dependen de esta fuente laboral (permanentes y contratados), quienes no se muestran dispuestos a renunciar a sus derechos adquiridos.

Al tiempo de reiterar que la solución a las problemáticas surgidas en la operatividad del Casino radica en "desprenderse" de aquellos funcionarios que demostraron un erróneo desempeño en su cargo, los gremialistas y representantes de los trabajadores que allí se desenvuelven alertaron tener en conocimiento "de los servicios no personales que tuvo un crecimiento en años anteriores generando actuaciones administrativas y penales en contra de funcionarios de la CPA y afectando la rentabilidad del Casino".

Aseguraron, paralelamente, que "la garantía de transparencia y lealtad a los apostadores, sólo puede ser garantizada por el Estado, que además se preocupa de controlar el lavado de dinero, la usura, la prostitución y drogas que aparecen en el ambiente del juego".

A este último calificaron como "una actividad indeseable éticamente para cualquier sociedad, y el Gobierno no puede permanecer impasible ante los desplazamientos pecuniarios que inciden en la economía de todas las clases sociales", fundamentaron.

“Un negocio superavitario”

“El alperovismo debe entender que no puede seguir avasallando las instituciones y el patrimonio de los tucumanos sin, al menos, dar explicaciones por su conducta. Desde la UCR vamos a rechazar este intento privatizador y a pedir que el Gobierno haga públicos los números que genera el juego en la provincia. Cuando Celestino Gelsi creó el Casino en 1959, pensó en reinvertir el dinero que generaba esa actividad en políticas sociales y en mejorar las condiciones de vida de la gente. Hoy, la otra cara de la moneda, parece sugerir intenciones diferentes ante una decisión que busca celeridad para otorgar por concesión directa un negocio que debería ser superavitario".

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