Para los representantes de las grandes empresas -el denominado "círculo rojo"-, lo más relevante de la última aparición pública de Cristina Kirchner ocurrió en el último minuto y medio de su reciente discurso.

"Los actores económicos deben entender que cuanto más favorecidos, cuanto más dinero tienen, más responsables son para ayudar a que la Argentina salga adelante. Esa es la clave de los tiempos que vienen, a la que todos con inteligencia y sensibilidad tenemos que construir. Un nuevo orden, de eso se trata lo que queremos hacer", cerró la ex Presidenta en su última aparición pública, en Misiones, durante la presentación de su libro "Sinceramente", en el marco de la campaña electoral.

Lo primero que temieron en el "círculo rojo" fue que detrás de ese postulado de "nuevo orden" podría figurar la versión 2019 del "vamos por todo", a través de un nuevo intento de reforma constitucional.

Alberto Fernández no esperó a que se arme la bola de nieve y salió al cruce de la versión a las 48 horas. Cerca del candidato aseguran que la máxima preocupación hoy se relaciona con la situación económica y social. "De una fragilidad extrema", califican.

Nadie del equipo económico que rodea a Alberto F. quiere ir más allá de lo que, por estas horas, se afirma en público. De hecho, el candidato ordenó a los economistas a mantener un prudente bajo perfil. No quieren alterar la rudimentaria paz cambiaria ganada tras la imposición del "cepo light".

Pero hay algo cierto. Varios integrantes de ese equipo de asesores vienen planteando distintos escenarios económicos, de acuerdo a cómo sea el final del mandato de Mauricio Macri.

La cuestión, en todo caso, refiere a las herramientas con las que podrían contar "Los Fernández" para cumplir con el planteo realizado por Cristina K. en Misiones, en caso de que la fórmula vuelva a ser la más votada el 27 de octubre y asuma 44 días después.

Lo que sí parece muy claro es que si Alberto F. se convierte en jefe de Estado y, como puede presumirse, se ve obligado a mantener un cierto orden de las cuentas públicas para tratar de ganar confianza, intentará cerrar los números mediante medidas que no afecten a la parte de la sociedad más castigada por la crisis.

De hecho, Fernández reforzó, a su regreso de Europa, la idea de un acuerdo de precios y salarios firmado alrededor de una misma mesa entre los empresarios líderes y la CGT. Un pacto que debería tener una vigencia mínima de 180 días, un plazo que el candidato dice necesitar para "parar la pelota".