Alentados por Alberto Fernández, un grupo de dirigentes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina (UIA) trabajan en conjunto en un programa económico para la producción y el trabajo, cuyo eje estaría en la previsibilidad cambiaria, avanzar con un acuerdo de precios y salarios "relativos", fomentar más exportaciones y proteger la producción nacional.

Se trata por ahora de un borrador cargado de buenas intenciones, en el que aún no figuran en detalle los puntos más espinosos: reducción de los costos laborales, la modificación de los convenios colectivos de trabajo y un pacto antidespidos.

Las conversaciones entre los sindicalistas y los empresarios comenzaron antes de las elecciones primarias del 11 de agosto, pero se intensificaron después del resultado favorable al candidato del Frente de Todos. Desde ambas orillas, aguardarán que transcurran las elecciones del domingo 27 antes de escenificar cualquier trato, según confirmaron a LA NACION el empresario Daniel Funes de Rioja y el sindicalista Gerardo Martínez, dos de los artífices del diálogo intersectorial.

"Hablen con la CGT, la CTA y con [Hugo] Moyano", dijo, al despedirse, Alberto Fernández a la cúpula de la UIA, que lo recibió el miércoles último en el primer piso de la sede fabril de Avenida de Mayo.

Los empresarios le habían enumerado una serie de reclamos en caso de un eventual gobierno suyo: reducir de manera urgente la carga impositiva y una reforma laboral.

Los industriales se quedaron satisfechos con la respuesta del candidato, que se comprometió a habilitar negociaciones sectoriales sin imponer reglas generales de flexibilización.

Ads by 

El tema puede transformarse en uno de los primeros problemas para instrumentar el acuerdo que imagina Fernández. Un anticipo de ello fue el contrapunto que ayer tuvieron Miguel Acevedo, titular de la UIA, y Matías Kulfas, referente económico del candidato (ver aparte).

"Lo que sea por vía convencional es una decisión de las empresas y los trabajadores", repitió Fernández. Sería un primer paso idéntico al que dio Mauricio Macri antes de impulsar un proyecto propio a través del Congreso.

A los sindicatos, Fernández les pidió unirse para darle mayor impulso al eventual acuerdo económico y social. El paso más importante fue el acercamiento hace dos semanas entre la cúpula de la CGT, encabezada por Héctor Daer, y el sector rebelde que lidera Moyano. También la intención de la CTA de Hugo Yasky de sumarse a ese armado sindical.

Entre los gremios hay vocación de sellar una tregua, aunque desconfían de que los empresarios accedan a no retocar los precios y mantener los puestos de empleo.

Los gremios más poderosos, como el de los camioneros, de Moyano, solicitaron ya por carta adelantar la negociación paritaria en caso de que se acuerde un congelamiento de los salarios por 180 días.

En el acta, figura que la revisión salarial debería hacerse en enero. Moyano quiere hacerlo ahora. Pero la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, que negocia salarios y condiciones laborales con el gremio, advirtió sobre sus dificultades con el argumento de que los costos del sector acumularon una suba del 50% en un año y que el congelamiento de combustibles no se cumplió. Se abre así un conflicto sectorial que podría alterar el resto de las gestiones.

En el borrador que avanzan la CGT y miembros de la UIA se trazan algunos objetivos: crecimiento de las exportaciones superior al PBI; superávit de la balanza comercial e incrementar la generación de divisas por el lado de las exportaciones. Además, hay un decálogo con propuestas que se parecen más a buenas intenciones que a una hoja de ruta probable.

Los puntos de consenso serían:

-previsibilidad cambiaria con un tipo de cambio real competitivo bajo un esquema de retenciones y reintegros;

-consistencia macroeconómica integral, que implique incentivos para la inversión de largo plazo y el desarrollo del mercado de crédito desincentivando la dolarización y la especulación financiera;

-sostenimiento de un set de precios relativos que sea la base para alcanzar el objetivo de fuerte crecimiento de la economía y del empleo;

-la implementación de una política industrial;

-sustentabilidad fiscal y de la deuda pública, siendo excluyente el endeudamiento público para inversiones económicas y sociales estructurales, que incrementen la competitividad;

-distribución progresiva del ingreso e inclusión social para fortalecer el mercado interno y reducir la pobreza, sobre la base de mejoras de la productividad, del salario real, e incentivo a la formalización del empleo;

-sistema financiero eficiente, canalizador del ahorro nacional y que sirva al financiamiento de los sectores productivos y del sector privado en general;

-exportaciones con valor agregado y estímulos a la producción nacional;

-desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales, incrementando la inversión en educación, la formación de recursos humanos, y generación de una infraestructura "resiliente" para el siglo XXI.

En la elaboración del borrador, de unas seis páginas, participó una ONG especializada en políticas públicas. Según el sindicalista Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, el plan tiene ya el aval de la UIA. Restaría ahora convencer a los demás integrantes del denominado Grupo de los Seis, que integran la UIA, la Sociedad Rural, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino.

Las conversaciones cara a cara se retomarán en los próximos días durante el Coloquio de Idea, en Mar del Plata. Tanto los empresarios como los sindicalistas afirman que el proyecto es aún embrionario y que no hay nada concreto.

La misma mesura exhibieron con los 13 puntos de un programa laboral que había coordinado el exministro de Trabajo Carlos Tomada y que le fue acercado a Alberto Fernández. Por ahora, prefieren ir día a día.