Mientras desde los principales sectores empresarios reaccionaron ayer con entusiasmo ante la propuesta de reforma laboral presentada el lunes por el Gobierno, en la conducción de la CGT optaron por el silencio para analizar el efecto concreto de los cambios, que ya recibieron fuertes críticas desde las organizaciones sindicales disidentes y de izquierda, que denunciaron un fuerte avance sobre los derechos de los trabajadores.

La reducción de contribuciones patronales, la rebaja de los montos de las indemnizaciones por despido y los beneficios del blanqueo laboral proyectado fueron los ejes de la iniciativa oficial más valorados por el empresariado, que informalmente estimaron que las medidas redundarán en una disminución de entre el 20% y el 30% de los actuales costos laborales.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Empresas Alimenticias (Copal) y referente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, calculó que en el caso de la industria alimenticia, los costos laborales podrían reducirse hasta un 25% si se sanciona la reforma. "Bajando desde las cargas sociales hasta los costos de las ART y reduciendo el ausentismo, que implica mayores costos por relevos", explicó.

A su vez, el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, se refirió a la propuesta de reforma laboral y remarcó que en el país "necesitamos imperiosamente generar las condiciones para que se produzca la inversión y entre todos tenemos que pensar cuáles son las condiciones para un mundo cada vez más interconectado y globalizado". En la misma línea, advirtió: "Somos el país de costo laboral más alto del mundo y realmente con esas condiciones, entre muchas otras, hacen que a la hora de decidir una inversión, se haga en otro país y no acá".

Desde la conducción cegetista, en tanto, anunciaron que no se pronunciarán sobre la reforma hasta analizar en detalle el contenido de las medidas planteadas, aunque evaluaron que el borrador elaborado por la cartera laboral constituye "una apuesta de máxima" del Ejecutivo, por lo que interpretan "está sujeta a cambios en la búsqueda de consensos". "Hay algunas cuestiones por lo menos polémicas, como el tema de las indemnizaciones. No creo que queden como están si se quiere lograr un acuerdo antes de enviar el proyecto al Congreso", apuntó un importante referente de la conducción de la central obrera.

En similar sentido, otro dirigente consideró "difícil" que la reforma pueda enviarse en 15 días al Parlamento ya que, según dijo, "es un tema que abarca temas complejos que requieren de mucho análisis y discusión entre los distintos sectores".

Mas enérgica, en cambio, fue la posición de abierto rechazo a la iniciativa planteada por sectores gremiales disidentes y organizaciones de abogados laboralistas. "Esto profundiza el esquema precarizador", denunció el dirigente del FIT Néstor Pitrola, en tanto que la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) consideró que el proyecto "arrasa" con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras laborales y de la seguridad social.