Empresas eléctricas, auditadas antes de los aumentos

Empresas eléctricas, auditadas antes de los aumentos
El Ente Regulador ampliará sus facultades para conocer el estado financiero de las distribuidoras. Notas relacionadas

Los ítems a considerar en las auditorías

De un análisis de flujos de fondos generados por la operación, las inversiones y el financiamiento que efectúe el EPRE (Entre Regulador Eléctrico) a las distribuidoras eléctricas dependerán, de ahora en más, los aumentos que la Provincia le autorice al sector. Esto es tanto los que correspondan al Valor Agregado de Distribución o VAD (su ganancia) como los de tarifa que deberán pagar los usuarios en Mendoza.

El decreto 637, firmado el lunes 13 por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, y el gobernador, Francisco Pérez, estipula que la evaluación que el ente regulador eléctrico realice comprenderá "la situación actual, la corriente (por los próximos 12 meses) y no corriente (por más de 12 meses)", bajo apercibimiento de sancionar a las empresas si no suministran información. EPRE debe informar el resultado de las auditorías e indicar el ajuste propuesto para cada distribuidora.

Además de considerar a los estados contables de las concesionarias, "punto de partida" para la revisión, al argumentar a favor del control de costos se apunta a que "sean razonables, con la facultad de rechazar los excesivos". Y sobre las inversiones, refiere a la "aprobación previa de presupuestos y planes" que serán reconocidos en la tarifa una vez habilitadas las obras.

En cuanto al financiamiento, se fundamenta en el deber de "conocer y regular las fuentes y condiciones" en que cada empresa lo obtiene, lo cual remite al abultado endeudamiento que mantiene en vilo a Edemsa. También pondera la estructura de capital, amortizaciones, reposición de materiales y precios pagados.

Hasta ahora, el ente regulador elaboraba un informe en función de los estudios de costos presentados por las propias empresas de modo similar al usado para determinar sanciones por cortes.

La decisión de darle más poder al EPRE se da cuando las empresas esperan definiciones del Ejecutivo sobre el próximo ajuste que recibirán. Cabe recordar que en enero, antes de la audiencia pública desarrollada para discutir una nueva metodología de revisión tarifaria, se había aprobado una suba del 9% al VAD (equivalente al 5,5% para las facturas a pagar), además de avalar pequeños "retoques" cuatrimestrales con ese piso.

Esto significa que entre este mes y junio debería aplicarse una nueva actualización. De la fecha dependerá la proporción; es decir, de un lado y del otro del mostrador creen que no sería inferior al 7%. Para Raúl Stasi, gerente de Edestesa, "indudablemente la tarifa está atrasada y el consumo crece. Un balance contable no muestra cabalmente cómo impacta eso en la merma de capacidad de distribución".

El restante aumento se aplicaría entre setiembre-octubre, aunque las empresas presionan para que sea en agosto, teniendo en cuenta que la revisión integral de cuadros se postergó hasta enero de 2014.

"Esto deriva de lo aprobado en audiencia pública e implica auditorías contables, técnicas y regulatorias para determinar los ajustes en función de la situación financiera de cada empresa", subrayó Elián Japaz, presidente del EPRE, quien lo calificó como "la asignación de más facultades".

Compás de espera

"Mucha presión", admiten desde EPRE por parte de las operadoras en pos de un nuevo incremento o, al menos dos, hasta agosto.

Respecto a dejarlos supeditados a las auditorías, Julio Gallego, gerente técnico de la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz consideró que "sería cambiar las reglas de juego que contractualmente se establecieron en la concesión. Si se hacen como corresponden no habría problemas, siempre que el Gobierno, manejándose a su criterio, se haga cargo del efecto económico de sus actos".

En los considerandos del decreto 637 se puntualiza que "aún cuando la prestación esté concesionada, la Administración sigue siendo la titular del servicio y conserva el poder de dirección y control, destacándose el poder tarifario y los controles de costos e inversiones".

Asimismo, admite que para la fijación de tarifas se trata de un poder de apreciación "discrecional" que debe "atender la sustentabilidad del sistema", aunque cita al Marco Regulatorio Eléctrico para justificar una potestad reglamentaria "y unilateral, no contractual".

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