Son 1.000 empresas habilitadas para ejercer funciones de custodia y vigilancia solo en el Área Metropolitana. Ante el decreto de “Aislamiento Social Obligatorio” por la emergencia sanitaria del Coronavirus, en donde señala a nuestra actividad como uno de los servicios que debe mantenerse activos, mandan a los trabajadores sin resguardo alguno.

Dicen estar a disposición de las autoridades nacionales y provinciales, pero rehúsan a distribuir siquiera alcohol en gel, guantes y otros elementos de protección en lugares sensibles. Manifiestan proteger a los guardias, pero tergiversan y manipulan la letra de los decretos y disposiciones ministeriales. Buscan y encuentran cualquier hueco legal para obligar a los trabajadores a asistir a sus trabajos aún cuando las normativas emanadas del gobierno nacional los ampare.

En el único comunicado que emitieron una de las Cámaras que los representan, expresan su verdadera preocupación. Allí dicen textualmente: “No es momento de reducir los servicios, dado que las contingencias y las probabilidades de eventos delictivos en situación de caos, pueden incrementarse sensiblemente”. Solo quieren mantener su tasa de ganancia, aún a costa de la vida de los trabajadores y de la población en general.