Nuestro país posee los mayores recursos naturales como el viento en la Patagonia y la radiación solar en el norte, así como excelentes oportunidades para aprovechamiento hidroeléctrico y bioenergético que requerían de un marco normativo para su promoción e impulso.

En el 2016 se decretó la ley 27191 que impone a los grandes usuarios de energía que deben diversificar escalonadamente su consumo con fuentes alternativas; puede escoger entre tres modalidades contractuales.

La primera opción es la autogeneración. Es decir, en un predio lindante o bien bajo el mismo CUIT en una zona remota (bajo la figura de autogeneración distribuida) un gran usuario podrá generar electricidad en el lugar de consumo. Empresas como ALUAR e YPF lo están llevando a cabo en la Patagonia con proyectos eólicos de alta potencia, y muchas otras empresas lo están haciendo en sus techos con energía solar.

La segunda opción es adherir a compras conjuntas a través de licitaciones internacionales que realiza CAMMESA contractualizando compra de energía por 20 años (Programa RenovAr) con distintas empresas generadoras. El proceso fue un éxito desde lo normativo, superó expectativas desde la cantidad de oferentes interesados hasta los precios finales acordado. Se llevaron a cabo ya dos rondas, adjudicándose cerca de 3,5 GW de potencia, donde hubo una predominante participación de empresas argentinas (públicas y privadas). El día 6 de septiembre se anunció Renovar 3, que se enfocará en líneas de baja tensión, debido a que la capacidad de transporte está saturada para nuevos proyectos de gran envergadura. En cualquier caso, este escenario no solo ha promovido cerca de cinco mil millones de dólares de inversiones, sino que ha implementado el olvidado instrumento de "project finance" con fuerte participación de banca multilateral en Argentina.

Por último, la tercera opción es mercado a término (MATER), donde particulares contractualizan una compra-venta de energía por plazos acordados entre ellos. Al respecto se llevan a cabo periódicas revisiones de capacidad de transporte, y el Estado argentino dictamina un punto de interconexión (PDI) en el sistema argentino de interconexión (SADI) para que dicha electricidad pueda evacuarse a la red. En este escenario las negociaciones son privadas, tanto en plazo como en precio, y realmente el sinceramiento tarifario ha colaborado a que las energías renovables, por sus descendientes costos, suplan fuentes de generación térmica convencional ineficiente.

En cualquier caso, las energías renovables son un hecho. El futuro depende exclusivamente de que se amplíen las redes de transporte de media y alta tensión para que nuevos proyectos puedan implementarse. A la fecha, y según un estudio realizado por Gabriela Rijter de la Subsecretaría de Energías Renovables, el número de empleos actuales vinculados a la industria de las energías renovables es de 5094. Clara evidencia de ello es el número de empresas extranjeras que se ha asentado en el país, las industrias de bienes de capital que se han reconvertido a renovables, y los profesionales que han optado por programas ejecutivos especializados como el que dirijo en la Universidad del CEMA.

Pero aún hay más. Si bien estos proyectos de alta potencia son los relevantes para nuestro país, un tercio de la demanda de combustible fósil es la industria del transporte. En este sentido, se está trabajando en la incorporación de vehículos eléctricos para aminorar la emisión de gases de efecto invernadero.

Tanto la carga de los vehículos eléctricos como la reducción del costo de energía derivan en un nuevo concepto que está pendiente a instrumentarse que es la energía distribuida. Todos los consumidores de electricidad seremos también prosumidores, lo cual quiere decir que podremos tener en nuestras viviendas autoabastecimiento limpio para reducir el consumo de la red y además vender la generación excedente.

Sin dudas, las energías renovables han sido la estrella de estos años en nuestro país en términos de inversiones y generación de empleo.