Por Diego Lanese

A pocos días de haber empezado el 2018, varios conflictos laborales explotaron en el Conurbano bonaerense, lo que se transformó en uno de los puntos más conflictivos en la materia. Despidos, suspensiones y amenazas de cierre se volvieron noticias habituales en la región, que sufre por los vaivenes de una economía que no termina de arrancar.

El paro iniciado en Cresta Roja, una crisis que lleva varios meses y parece no tener solución inmediata, es uno de los casos más resonantes, pero no el único. A la avícola se le sumó esta semana los despidos en la planta de Esteban Echeverría de Molinos Río de La Plata, vinculados a una supuesta “persecución sindical”. Además, la metalúrgica Stockl, del Parque Industrial de Burzaco, debe al menos tres quincenas de haberes, por lo que sus empleados marcharon este lunes a la Municipalidad de Almirante Brown. En el interior bonaerense también se registran situaciones similares, lo que preocupa a la dirigencia gremial.

El caso de Cresta Roja es el más conocido en este “enero caliente” en materia de conflictividad laboral en el Conurbano. Los trabajadores paralizaron por varios días la actividad de las dos plantas, ubicadas en Esteban Echeverría y Ezeiza, y denuncian vaciamiento y un intento de lock-out patronal. Los trabajadores acusaron que “el proceso de vaciamiento continúa, no existe inversión ni en maquinarias ni insumos”, y agregaron que “los dueños del consorcio que explota la avícola continúa lanzando millonarios cheques sin fondo a los proveedores, anunciando que, si paga todas las deudas exigidas en tiempo y forma, no podrá mantener la alimentación de las aves”.

A esta situación se suma lo que sucede desde hace unos días en la planta echeverriana de Molinos Río de La Plata, que despidió a un grupo de trabajadores, incluyendo ex miembros de la comisión interna. La excusa que pusieron desde la firma, una de las más grandes alimenticias del país y la región, fue “bajo rendimiento, baja productividad y ausencia en los sectores”.

Esto generó una asamblea el lunes pasado y la decisión de paralizar la producción. Fuentes de la planta le confirmaron a Política del Sur que la mayoría de los cesanteados “tuvieron actividad sindical cuando en 2013 se cerró la planta Barracas. Además, varios apoyaron y militaron la lista Celeste y Blanca, que enfrentó en las últimas elecciones al oficialismo en el sindicato de la alimentación”.

“Molinos es una de las principales empresas de la alimentación que sigue liderando el mercado y está lejos de necesitar bajar costos echando trabajadores efectivos. Como se planteó en las asambleas, la excusa de bajo rendimiento es usada hoy para dejar en la calle a trabajadores efectivos que se opusieron a los despidos en Barracas y mañana lo usarán de excusa para ajustar en Esteban Echeverría y otras plantas, reemplazando trabajadores efectivos con categorías por trabajadores precarizados, sin amparos legales por la reforma ajustadora que quiere aplicar el gobierno de Macri”, destacaron los trabajadores mediante un comunicado. Por el momento, la empresa no contestó el pedido de reincorporación y el conflicto se mantiene.

Otra fábrica del Conurbano en conflicto es la metalúrgica Stockl, ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, cuyos empleados están movilizados desde la semana pasada debido a la deuda salarial que mantiene la firma. Este lunes, los empleados marcharon a la sede de la Municipalidad de Almirante Brown, donde recibieron el apoyo de funcionarios y referentes de la CGT regional Lomas de Zamora.

El conflicto viene del año pasado, y en la última semana del 2017 los trabajadores realizaron un festival de apoyo para recaudar fondos que permitan sostener la pelea. Según afirmaron, hay 130 puestos laborales en juego, y por el momento los dueños “no aparecen”, por lo que el Ministerio de Trabajo advirtió que “la empresa presentaría la quiebra”.

En tanto, ayer Política del Sur informó que se llevó a cabo una reunión -que había sido acordada a fines de la semana pasada- con trabajadores de la comisión interna para acompañarlos en su reclamo por la continuidad de los puestos laborales y el pago de los haberes atrasados al personal de la firma. Según se indicó a través de un comunicado de prensa, la Comuna anticipó que acordó con los trabajadores la conformación de una mesa de diálogo con las partes involucradas (Ministerio de Producción bonaerense, la cartera laboral provincial, la Secretaría de Producción municipal, la Unión Industrial de Almirante Brown, la Comisión Mixta del Parque Industrial, la CGT Regional y la UOM). Asimismo, anunció que les brindará ayuda alimentaria a los 130 trabajadores que no perciben sus salarios desde noviembre pasado.

En el interior de la provincia la situación también es compleja. Hay 23 trabajadores de la aceitera Oleaginosa Huanguelén de Bolívar despedidos, lo que mantiene paralizada la fábrica. Los trabajadores fueron recibidos el 30 de diciembre -un día después de que se comunicaran los despidos- por el actual intendente, Marcos Pisano, quien también les prometió que se pondría a su disposición para “bregar en la búsqueda de una solución” al conflicto.