La pandemia y las medidas adoptadas para combatirla golpean profundamente en la economía. Son los trabajadores lo primeros en sentir el impacto en su bolsillo o la pérdida de empleos. La respuesta del Gobierno fue un pacto con empresarios y la CGT que habilita suspensiones masivas y rebaja salarial del 25%; y seguir resguardando las ganancias de los capitalistas.

Una nueva reunión de la triada compuesta por dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y el Gobierno, tuvo lugar este lunes y como podía preverse nada bueno salió de allí para los trabajadores.

Tras la extensión oficial de la cuarentena (para algunos aglomerados) realizada el fin de semana, y en el marco de la profunda crisis económica, los representantes de estas entidades alcanzaron un acuerdo que abre las puertas a implementar suspensiones masivas y rebajas salariales del 25%. En pocas palabras, se cocinó un ataque directo al salario de los trabajadores con el gancho necesario de los sindicatos, específicamente firmaron Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez y Antonio Caló por la CGT.

En representación de los “vivos de siempre”, por la UIA firmaron Miguel Acevedo y Daniel Funes de Rioja. Fueron los ministros de Trabajo y de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni y Matías Kulfas respectivamente, quienes dieron el visto bueno oficial para avanzar en esta propuesta que implica más beneficios a los empresarios.

A continuación repasamos las claves del acuerdo entreguista:

 Suspensiones masivas: a pesar de la prohibición de los despidos y las suspensiones a través del decreto 329, el artículo 223 bis del mismo establece que podrán llevarse a cabo “suspensiones fundadas en disminución de trabajo.” Hecha la ley, hecha la trampa, el acuerdo tripartito aconseja: “El dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto de aquellas personas que no pueden prestar sus servicios habituales, disponiendo que en tal supuesto la situación será considerada como una suspensión…”

Es decir, que aquellos trabajadores que no estén realizando tareas producto de la cuarentena podrán ser suspendidos. Y aclara: “Los empleadores podrán disponer la aplicación de las suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total o parcial, según sus respectivas realidades productivas.”

 Rebaja salarial del 25%: se establece que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrá ser inferior al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre éste monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

Un consejo de sabor amargo para los trabajadores que producto de la crisis ya registran menor percepción de ingresos, y sufren día a día la pérdida de poder de compra por la suba de precios, principalmente de los alimentos y productos de limpieza.

 ¿Qué pasa con salario complementario?: el acuerdo establece que en aquella empresa que acceda al pago complementario previsto en el Art. 8 del DNU 376/20, “el monto de la asignación complementaria que abone la ANSeS -que en ningún caso será inferior al valor de un salario mínimo, vital y móvil - será considerado parte de la prestación dineraria anteriormente ordenada, de manera que el importe a cargo del empleador lo complementará hasta alcanzar el porcentaje establecido.” Podría desprenderse que del 75 % del salario neto que cobrarán los suspendidos, un 50 % será cubierto por el Estado y el restante 25 % por los empleadores, pero es preciso esperar los detalles que vendrán con la oficialización de este pacto para afinar los cálculos. Excluidos: no podrán ser suspendidos los trabajadores que pertenezcan a los grupos de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes) y tampoco “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento”, es decir, los que realizan tareas de forma remota. Vigencia: las suspensiones tendrán un plazo de hasta 60 días, con efectos a partir del 10 de abril de 2020.Ellos o nosotros: ¿quién paga el costo de la coronacrisis?

Las patronales tienen un plan que quieren aplicar hace largo tiempo, y se trata de avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Se aprovechan de la profundización de la crisis económica que pegó un salto con el coronavirus para implementar medidas que van en ese sentido. Amparadas en supuestas pérdidas, harán todo lo posible para socializarlas. Con este acuerdo tripartito podrían conseguir una rebaja salarial del 25 % y suspensiones masivas, dejando la puerta abierta para futuros despidos.

Esto sólo agravaría la situación de la clase obrera del país que en lo que va de la cuarentena ya registra más de 375.000 los trabajadores afectados por despidos, suspensiones y rebajas salariales. Sólo en la última semana se registró un salto del 10% en los despidos, según relevaron desde el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario.

Este ataque de clase, necesita la complicidad de la burocracia sindical para pasar. Y también de las principales medidas del Estado, que ha destinado sumas millonarias a las empresas, sin que esto garantice mínimamente los puestos laborales, el caso del miserable Paolo Rocca es el ejemplo más descarado. Además, para acceder al IFE se piden muchísimos requisitos, lo que generó que casi 4 millones de solicitudes fueran rechazadas. Sin embargo, las empresas no deben presentar estados de resultados por ejemplo para acceder a las ayudas económicas del Gobierno.

Está planteado empezar a definir ¿quién pagará los costos de la crisis sanitaria y social? Para que no sean los trabajadores, y poner un freno a los ataques en curso es preciso levantar un conjunto de medidas de autodefensa. Por la apertura de los libros contables para evitar los fraudes patronales. Ocupación y puesta a producir de toda empresa que despida masivamente o cierre para resguardar los puesto laborales que sostienen a las familias trabajadoras. Impuesto a las grandes fortunas, para financiar un salario de cuarentena de $30.000 y comprar el equipamiento médico necesario para enfrentar la crisis sanitaria.