Con escraches, la UOCRA denunció que la informalidad laboral afecta a 4.000 obreros

Con una movilización y protesta a empresas constructoras, el gremio se quejó por incumplimientos laborales y salariales. Se advirtió la mala liquidación de los haberes por parte de la patronal que acarrearía una evasión fiscal. Se sostiene que los controles del Estado no dan abasto. Algunas firmas no se encontrarían habilitadas.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA, delegación Tucumán) manifestó ayer por las calles de la Capital en aras de patentizar el malestar creciente ante una serie de incumplimientos e irregularidades laborales en las que incurrirían empresarios del sector.

En este sentido, desde primeras horas de la mañana, alrededor de 100 trabajadores con sus respectivos cascos amarillos, redoblantes y bombas de estruendo se hicieron presentes en dos de las firmas a quienes se les cuestiona la forma en la que se procede a la liquidación de los haberes. Alegan, para ello, el no cumplimiento con lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo, por lo que la patronal no respetaría la escala salarial vigente a partir del uno de junio pasado (incremento del 24 por ciento acordado en mesa paritaria).

En primer lugar, los manifestantes se dirigieron a la empresa "Atrio Arquitectura" ubicada en Avenida Mate de Luna 1.600, para con posterioridad trasladarse a "MyF Construcciones", sita en Corrientes 151, en ambos casos se produjeron problemáticas de tránsito como consecuencia del corte total de las arterias afectadas para llevar adelante la protesta. A lo que debe sumarse pintadas en las fachadas de los locales donde se consignó el repudio al accionar de las empresas.

Vale recalcar que otra de las postas que formaron parte de esta suerte de escraches, fue una obra en construcción ubicada en la intersección de calles Las Heras y Lamadrid (el proyecto es concretado por la última empresa aludida anteriormente).

De acuerdo a lo señalado por Adrián Santillán (secretario general de la UOCRA local) "el Convenio dice que tienen que pagar 88 horas por quincena o 176 en el mes. Pero cuando los compañeros cobran, algunos sinvergüenzas de las empresas le pagan la mitad en negro y la mitad en blanco, pagan 40 hasta 60 horas lo que perjudica en la liquidación final, el aguinaldo, el fondo de desempleo, las vacaciones, aportes jubilatorios, porque de esta manera evaden impuestos a la AFIP y, a su vez, perjudican al Estado provincial porque depositan la mitad del impuesto a la Salud Pública que se creó con la ley 7999".

Teniendo en cuenta este panorama, el dirigente instó a que "deben entender y cambiar de actitud algunos empresarios de las obras privadas que obran mal con los trabajadores y encima tienen gente en negro", sostuvo Santillán, al tiempo de reclamar que "el pago debe ser mediante cajero automático, algunos cometen fraude con la gente porque le hacen figurar un monto (en la boleta de sueldo) y cuando llega al bolsillo es otro (el monto) totalmente distinto e inferior a lo que dice en el recibo".

Desde UOCRA se informó a este diario que en nuestra provincia se encuentran en construcción alrededor de 120 edificios, de los cuales, la mitad de estos proyectos se encontrarían en situación irregular con sus respectivos trabajadores al momento de liquidar los haberes. A su vez, se indicó que de los 12.500 obreros que se desempeñan en este tipo de labor, el 35 por ciento (4.375) se verían afectados por esta problemática.

Denuncias y accionar

Santillán sostuvo que el viernes se producirían nuevos escraches, mientras que a inicios de la próxima semana y luego de un análisis sobre el cobro a concretar en ese momento, se determinará una posible medida de fuerza a nivel general en el sector, que será complementada con una movilización tanto a la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Tucumana de Obra Pública.

Paralelamente, la fuente consultada por este medio, adujo que a diario desde el gremio se realizan ante la Secretaría de Trabajo presentaciones y denuncias en las cuales se da cuenta sobre las irregularidades detectadas en las obras en construcción (que en un 65 por ciento se tratan de emprendimientos de obras públicas y el restante 35 por ciento corresponde a la parte privada, siendo que el mayor movimiento se registra en la Capital y la zona Oeste de Yerba Buena).

Pese a ello, Santillán advirtió que como consecuencia del alto nivel de infracción, la labor concretada por la Secretaría no da abasto. "No puede ser que el Estado provincial o bien la Municipalidad, destinen un inspector en cada obra, es una vergüenza, no debe pasar eso, los empleadores deben entender que ellos son los responsables de darle la seguridad y el buen trato a los compañeros", protestó y requirió mayores medidas de seguridad e higiene.

Paralelamente, Santillán hizo mención a la función desarrollada por Catastro Municipal, ya que, se quejó, este organismo emitiría habilitaciones a empresas que no cumplimentarían las condiciones para ser homologadas como firmas constructoras.

"Esto pasa en el caso puntual de MyF. Hay dos ordenanzas (3605/05 y la 4242/10) que habla que toda empresa que quiera instalarse en un lugar en la Capital debe presentar, aparte de los planos, la documentación que avale que esa empresa es constructora, los respectivos contratos de los técnicos que dirigen la obra, con los nombres de los inspectores, deben poseer un cartel en la puerta de la obra que diga (sic) todo esos datos", argumentó Santillán.

Por este motivo, el titular de la UOCRA local alertó que "toda vez que se vea un cartel que solamente diga número de expediente y número de orden es porque hay algo podrido dentro de la obra y le están permitiendo hacer sin autorización, violando las ordenanzas".

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