Tras conocerse la remoción de un funcionario y cinco empleados pertenecientes al área de internaciones domiciliarias de IOMA, decisión tomada por el organismo con la aprobación de la Asesoría General de Gobierno luego de ser acusados de conformar una asociación ilícita para desviar fondos públicos, el legislador Guillermo Castello manifestó su satisfacción por el avance de la causa, tanto en el plano judicial como administrativo.

El diputado “lilito”, que interviene como Amicus Curiae en la denuncia iniciada por Elisa Carrió en la cual se investigan varios hechos de corrupción ocurridos durante la gestión bonaerense de Daniel Scioli, describió la creación, dentro de IOMA, de “un circuito paralelo del servicio de internaciones domiciliarias para beneficiar a cinco empresas, causando un perjuicio patrimonial a la Provincia de Buenos Aires de más de 650 millones de pesos“. 

Castello afirmó que “en la causa está probado que 18 directivos de IOMA en complicidad con dos empresarios privados montaron una estructura para perjudicar patrimonialmente al fisco bonaerense mediante el direccionamiento delictivo de internaciones domiciliarias que no se prestaban o se hacían en forma parcial y se justificaban mediante la falsificación de firmas de pacientes en los registros de servicios”, describió el diputado provincial. 

El legislador también aportó datos sobre cómo se materializaba la operatoria fraudulenta: “en el expediente se han comprobado innumerables maniobras delictivas para pagar prestaciones inexistentes, como la existencia de dos empleadas no abogadas que resolvían los amparos en serie y sin ninguna estrategia jurídica, la falsificación de  firmas de afiliados y de pacientes en estado vegetativo con las que se justificaba la facturación por servicios no prestados, la derivación automática y sin auditoría de la mayoría de las internaciones domiciliarias a 5 empresas allegadas al Presidente.