La corrupción orquestada por el kirchnerismo en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante sus doce años de gobierno comienza a tener, en estos tiempos, resoluciones en el ámbito judicial, quedando así en evidencia cómo desde lo más alto del poder se utilizó a la obra social bonaerense, transformándola en una de sus principales cajas políticas.

Ayer, la sala de Feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata, integrada por los jueces Alejandro Villordo, Ricardo Szelagowski y Silvia Oyhamburu, rechazó el planteo de Waldo Edgardo Vera, el principal imputado por la estafa efectuada al instituto provincial a través de cheques falsos, y confirmó su prisión preventiva.

De esta manera, Vera, un exempleado administrativo de IOMA, está detenido por el delito de “peculado”, es decir malversación de fondos públicos, y por falsificar y quedarse con 1.740.000 pesos a través de diversos cheques falsos, aunque, según investigadores de la DDI de La Plata, la maniobra incluía cobrar ilícitamente a través de la obra social una suma superior a los seis millones de pesos. Todo a través de la financiera que conducía Guillermo Greppi, un hombre ligado al excandidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Carlos Zannini.

La operatoria ilegal quedó al descubierto luego de una denuncia presentada por la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), que conduce Idelmar Seillant, quien desde hace años viene luchando valerosamente para acabar con uno de los principales nidos de la corrupción política, que ha generado que muchas campañas se hayan “bancado” con el dinero sucio de la corrupción.

Corrupción al extremo

Tan grave es la situación por la que Vera se encuentra detenido, que en la investigación judicial se deja sentado que el dinero que el exempleado de IOMA se quedó como propio estaba destinado a la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación (Amaar), a la cual el instituto le pagaba por anestesias, lugar al que esas sumas jamás llegaron.

Vera no se encontraba solo en este circuito prohibido. Según denunció Apioma, el detenido “forma parte de las filas de UPCN y nosotros los acusamos por la falsificación de cheques y el cobro de peajes dentro de la obra social. Él es solo una parte del entramado. Por encima, estaban Alejandro Fernández, exdirector general de Administración (DGA), y Bernardo Rodríguez, exdirector de Finanzas de IOMA, que reportaban directamente a Antonio La Scaleia, extitular de la obra social en la era Scioli”. 

El imputado estaría vinculado íntimamente a la conducción del gremio UPCN que encabezan Carlos Teodoro Quintana y Héctor Nieves, quienes, con la venia de La Scaleia, habrían montado todo un artilugio sombrío para quedarse con dinero que provenía de la Provincia para cuidar a los más de 14 millones de bonaerenses.

El exadministrativo de la obra social no es el único imputado en la causa que se investiga en Delitos Complejos. Junto a él figuran cuatro sujetos, todos ellos  acusados de participación y encubrimiento:  Leandro Rodolfo Pulvirenti, Leonardo Alberto Araujo, Sergio Hernán Godoy y Juan Carlos Moreira.

Tras años de encubrimiento oficial por parte del gobierno sciolista, la administración de María Eugenia Vidal ha decidido investigar a fondo la corrupción en IOMA, denunciando en la Justicia la descomposición que sufrió el instituto en los últimos años, lo que hizo que se transformara en una “caja de pandora” que puede hacer estallar al kirchnerismo por los aires.

Un organismo público salpicado por múltiples denuncias de corrupción

La llegada de Cambiemos al mando del gobierno bonaerense abrió la puerta para que las múltiples denuncias, que antes eran tapadas por el poder político K, hayan comenzado a salir a la luz y tengan un fuerte impulso en la Justicia.

Las nuevas autoridades de IOMA, encabezadas por Sergio Cassinotti, establecieron que en los ocho años de sciolismo hubo manejos administrativos y financieros relacionados con sobreprecios, facturaciones apócrifas y desvíos en las prestaciones por casi $1.500 millones. 

Además, la primera auditoría realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal incluye maniobras delictivas en ocho ítems diferentes, como lo son medicamentos, internaciones domiciliarias, prótesis, atención en clínicas, compra de computadoras que no ingresaron al instituto y hasta tratamiento de personas fallecidas.

A esto se le suma la denuncia que investiga el turbio manejo con cheques falsos, que llevó a que desde el propio organismo se dijera que el mismo “solo pudo llevarse a cabo por la falta de controles cruzados, a la vez que queda manifiesta la cobertura política de quienes gestionaban el estado provincial en los planos más altos de decisión”.

Los nombres de los implicados en el desfalco

Antonio La Scaleia: Durante su gestión al mando de IOMA se cometieron todo tipo de ilegalidades, que le costaron cientos de millones de pesos al Estado bonaerense

Carlos Quintana: Su complicidad a través de la conducción del gremio UPCN con la corrupción ocurrida en la obra social lo puso en la mira de la Justicia

Héctor Nieves: Mano derecha de Quintana, fue uno de los artífices para la protección jurídica y política de los implicados en la estafa al Instituto

Guillermo Greppi: A través de la “cueva financiera” que comandaba, se lavaba el dinero sucio que venía de los ilícitos que se realizaban en IOMA

Daniel Scioli: Su inacción y pasividad permitieron que, bajo su administración, la obra social pasara por el peor momento económico de su historia

Fuertes lazos con el poder K

aldo Vera, a quien ayer se le confirmó la prisión preventiva por la causa de los cheques falsos usados para producir un desfalco en IOMA, utilizaba para la realización de sus maniobras la financiera que conducía Guillermo Greppi, una persona con fuertes nexos con Carlos Liuzzi, el exnúmero dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia durante la era kirchnerista.

Por medio de su financiera Propyme, Greppi manejaba un sinfín de actividades ilícitas que, gracias a sus buenos vínculos con el entonces poder nacional, contaban con el beneplácito y protección de las autoridades, lo que llevaba a que desde lo más alto del gobierno K se hiciera la vista gorda ante dicho accionar.

La financiera de Greppi nunca fue investigada por organismos oficiales, como por ejemplo la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que conducía José “Pepe” Sbattella, que recién este año -luego del cambio de gobierno-, comenzó a ser indagada, lo que llevó a que Greppi fuera procesado y embargado por el juez Javier López Biscayart por evasión fiscal.

El diario Hoy fue el único medio que durante años dio una pelea en solitario publicando las denuncias que carcomían por dentro al instituto bonaerense, y que lo convertían en la principal fuente de financiamiento de la política K.

Impunidad, al límite

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se convirtió durante la era K en un antro de corrupción, con cientos de hechos de desfalco al Estado, que se están investigando gracias a la labor llevada adelante por la Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), que conduce Idelmar Seillant.

Desde Hoy se levantó como bandera la defensa de IOMA, denunciando la corrupción y dando nombres de todos aquellos personajes que rapiñaron dinero público llevando adelante una depredación de la obra social.

A través de nuestras páginas, el lector pudo conocer cómo en los Tribunales de La Plata hay quince causas penales abiertas por estafa y diversas irregularidades cometidas en el instituto, que involucran seriamente a directivos del gremio UPCN.

Entre ellas figuran las que se siguen por internaciones domiciliarias truchas, sobreprecios en prótesis e insumos, sobrefacturación a empresas fantasmas, incumplimientos a discapacitados, gerenciadoras ligadas a políticos y gremios favorecidas por adjudicaciones oficiales, remedios que no llegaban a sus afiliados, todas ellas evidenciando la corrupción existente en el organismo durante años y que recién ahora comienzan a abrirse paso en la Justicia.

Escándalos con sociedades  offshore en paraísos fiscales

La polvareda que generó la revelación internacional de los diferentes políticos que tenían conformadas sociedades offshore en Panamá para evadir impuestos en sus países de origen tocó de lleno a IOMA.

Según informó Hoy el 10 de mayo pasado en forma exclusiva, Antonio La Scaleia, presidente de la obra social durante la gestión de Daniel Scioli, aparecía vinculado a una empresa fantasma en el país caribeño, lo que provocó un verdadero cimbronazo en el espectro político bonaerense.

El nombre de La Scaleia figura como accionista de la firma offshore IT Invest Group Technologies SA, con domicilio en calle Youyi, en Jiangan District, en China. Se trata de una empresa que se encuentra activa, según los registros de los Panamá Papers, y fue fundada en julio de 2012, en pleno proceso donde se llevaba adelante un desguace de la obra social bonaerense. La intermediación fue realizada por Paul Etenberg, un abogado especialista en Derecho Tributario que tiene sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires.

En el directorio de la empresa también aparece Daniel Osvaldo Burgos, exjefe de Gabinete de La Scaleia. Burgos, pese a formar parte de una empresa en el exterior, aparece en los registros de la AFIP como monotributista categoría E, declarando tener ingresos inferiores a los $12.000 por mes. 

Sobreprecios en ambulancias

El pasado 28 de junio, desde las páginas de Hoy dábamos cuenta de otro bochornoso caso de corrupción que competía a IOMA, en este caso, una serie de graves irregularidades en el proceso de licitación para contratar un servicio de ambulancias para la atención médica de emergencias y urgencias de la totalidad de los afiliados.

El negociado incluía el desembolso de $198.870.930 por una prestación de seis meses, que abarcaría desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de este año, prorrogable por otros seis meses más. Fue tan grande el escándalo que se desató luego de lo publicado en nuestro diario, que la Justicia, por medio de una medida cautelar, frenó el proceso que se había puesto en marcha desde el Instituto.

La Justicia aplacó así el procedimiento de contratación 63/2016 y suspendió el mismo “hasta tanto se dicte sentencia en el proceso principal que deberá iniciarse o hasta que la autoridad demandada subsane las deficiencias de la normativa contractual”.

Los principales cuestionamientos se dieron porque el negociado habría sido diseñado para favorecer a la empresa Emergencias SA con aproximadamente $400 millones anuales. Esta compañía, cuyo titular sería Julio Marino, estaría estrechamente vinculada al titular de UPCN, Andrés Rodríguez.