La filtración de datos sobre familiares de funcionarios de primera línea del Gobierno nacional que participaron del blanqueo de capitales provocó un cisma dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La primera derivación del escándalo fue el reemplazo del responsable de informática del ente recaudador, en un acto reflejo activado por su titular, Alberto Abad. Indirectamente, el funcionario desplazado pagó el costo de la difusión pública de los nombres del hermano del Presidente, Gianfranco Macri; de su amigo, el constructor Nicolás Caputo; del primo del jefe de Gabinete de ministros, Alejandro Peña Braun; allegados y empresarios de primera línea con los respectivos montos exteriorizados hasta el 31 de marzo. Pero de fondo, existe otra pulseada simultánea por el destino de la empresa telepostal OCA, que enfrenta a Abad con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien puja por mantenerla a flote y así poder negociar con el líder camionero Hugo Moyano. 

A través de la Disposición 238-E/2017, la AFIP oficializó ayer la renuncia del subdirector general de la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens, dando por finalizadas sus funciones al frente del área informática. Su reemplazo es quien actualmente se desempeñaba al frente de la Subdirección de Auditoría Interna, Néstor Sosa, hombre del riñón de Abad. En este último cago recaló Pedro Ocamica. Linskens fue la primera víctima tras 24 horas frenéticas donde Abad prometió una ardua investigación interna sobre el origen de las filtraciones conocidas el domingo pasado. Dentro del ente recaudador confirmaron esa información enlistada y que también se suponía que estaba resguardada bajo secreto fiscal, lo que justificó el enojo inmediato que bajó desde la Casa Rosada apenas aparecieron nombres como el de Marcelo Mindlin y hasta de un familiar del secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. 

Pero para un ala del Gobierno, el timing de la aparición de los datos que impactan en la primera línea oficial despertó la sospecha de que el affaire tuvo vinculación con una creciente interna entre Abad y Quintana por la situación de OCA. La semana pasada no hubo acuerdo entre los pedidos del secretario de Coordinación Interministerial para que el ente recaudador no avance sobre la deuda que registra la empresa telepostal por casi $4.000 millones. Para el fisco no hay posibilidad de hacer ingresar a la firma en el marco del artículo 32 de la Ley 11.683 para un plan excepcional de moratoria como los que obtuvieron cientos de empresas durante la gestión de Ricardo Echegaray. Abad no otorgó ninguno desde que desembarcó en la gestión Cambiemos y remitió una disposición interna por la cual ordenó que no se tramitaran más. El pedido de Quintana sobre la empresa de distribución más grande del país con 7 mil empleados tuvo respuesta negativa. Más allá de la vigencia, la empresa es una carta de negociación que el Gobierno pretende utilizar con Moyano para mantener buena relación con el sindicalismo y evitar fricciones innecesarias. Al líder camionero le atribuyen estar por detrás de Patricio Farcuh, formal cabeza de OCA. 

Desde el Gobierno vieron crecer la interna: con una disposición, Abad podría volver a reinstaurar la aplicación del mentado artículo 32 para una ley que, en la letra, se encuentra vigente. En los pasillos de la AFIP niegan que este escenario sea una opción que no traiga reminiscencias a su antecesor durante la era K. En este contexto, la filtración adquirió otro cariz que excedió la sensibilidad del secreto fiscal. Entendieron un mensaje por detrás de los nombres que fueron publicados y dieron por sentado que la lista es más extensa y que las revelaciones podrían tener más capítulos. También descreyeron de la meteórica investigación interna que derivó en la renuncia formal de Linskens, 12 horas después de que trascendieran periodísticamente los datos reservados. El funcionario desplazado es planta permanente de AFIP. No renuncia sino que será reciclado en otro sector. No es la primera vez que la AFIP queda bajo la mira por la difusión de datos bajo secreto fiscal de personalidades. Dos denuncias penales se dilataron en los tribunales federales que expusieron bandos internos antagónicos que se acusaban entre sí.