Estatales aún no definen el plan de lucha

Ricardo Araujo, de ATE, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se ha iniciado una campaña de desprestigio contra los estatales y se encargó de resaltar que en función de los números dados a conocer por el gobernador Oscar Mario Jorge, tomando en cuenta la cantidad de empleados públicos pampeanos, de acuerdo a la partida para sueldos de Rentas Generales cada uno debería cobrar en promedio 13 mil pesos, lejos del salario mínimo publicitado a nivel oficial.

El sindicalista, durante la asamblea realizada ayer en el hall de entrada de la Casa de Gobierno, también cuestionó los porcentajes oficiales de la inflación y afirmó que en función del Indice Autoponderado de Precios que maneja la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la canasta familiar ronda los siete mil pesos.

Insistió en que desde el gobierno se cerró unilateralmente la negociación por la pauta salarial, que los gremios aspiran al menos al 30 por ciento de pauta salarial, similar a la del año pasado, en vez del 24 ofrecido por el gobernador.

El secretario general de ATE negó rotundamente que se registren índices de ausentismo estatal del 40 por ciento, denuncia de Jorge que ubicó en el contexto de la campaña de descrédito contra los empleados,

Otro de los representantes de los trabajadores que tomó la palabra, el del gremio de los legislativos Aldo Bafundo, resaltó la necesidad de abroquelar esfuerzos y que los gremios encaren en conjunto un plan de lucha. Como al pasar, en alusión a Utelpa, indicó que esa unidad debía mantenerse más allá del acuerdo salarial que pudiera alcanzar algún sector de la administración pública. El personal de Canal 3 también expresó su postura a favor de un paro, cuestionando además la política de desinversión en la televisora estatal.

Por el sector de Salud (de ATE) se pasó revista a la crítica situación del sistema público, acusaron a sus autoridades de hacer imperar el "amiguismo" a la hora de designar jefaturas, la proliferación de las derivaciones a otro centros de salud (hasta 900 kilómetros de distancia), la reiterada reprogramación de operaciones y la contratación de profesionales para guardias que cobran por cada una hasta tres mil pesos.

"Está demostrado que el gobierno es hijo del rigor, a la vista está lo que se consiguió en el primer semestre", fue la síntesis a la que llegó la mayoría de los asambleístas, algunos de los cuales llegaron a exhibir sus billeteras vacías para graficar que ni llegaban a mediados de mes.

Araujo dio otro dato sobre la aducida carencia de fondos para afrontar la recomposición salarial de la administración pública: que todos los años el gobernador ejecuta hasta un 25 por ciento más del presupuesto. "Plata hay", subrayó.

"Hay incumplimiento"

El sindicalismo estatal está convencido de que el gobernador Oscar Mario Jorge no variará su postura de otorgar más del 24 por ciento de aumento para el presente año en la administración pública. El principal argumento de los representantes de los trabajadores se funda en un dato no menor: la reunión que fue continuación de la celebrada en junio, en la que se labró un acta, no contó con la presencia del subsecretario de Trabajo, Diego Alvarez.

"El subsecretario es el responsable de la aplicación de las normativas laborales y quien avaló con su rúbrica la conciliación que obligó a la reanudación del diálogo a mitad de año. Curiosamente, ni en las reuniones de las mesas sectoriales, uno de los puntos acordados en el acta para debatir aspectos laborales de los distintos escalafones, ni en la segunda instancia de diálogo prevista para julio, Alvarez estuvo presente. Esta ausencia es toda una declaración en sí misma; estamos hablando de un acta 'trucha', incumplida por el Estado Provincial ", acotó una fuente gremial.

Pero el clima entre los estatales no es el mismo, mientras en algunos sectores de la administración pública se demanda un paro de 48 horas para la semana próxima, otros tibiamente plantean una protesta de un día y algunos prefieren canalizar la protesta solo mediante movilizaciones.

Una realidad es indiscutible, de todos los trabajadores provinciales los más afectados por la pérdida de su poder adquisitivo son los que pertenecen a la Ley 643. En cambio, los de Salud están más preocupados por las deducciones que sufren sus sueldos por el pago del Impuesto a las Ganancias. Mañana, en el hospital Lucio Molas, se realizará una asamblea para decidir las acciones a emprender.

Ayer al mediodía se realizó una asamblea en el Centro Cívico y hasta el fin de semana se sucederán otras en distintas reparticiones gubernamentales. El convencimiento sindical de que Jorge no acepta negociar por afuera de la pauta del 24 por ciento, se ve reforzado por la inexistencia de contactos informales con funcionarios del gobierno, vías indirectas que siempre funcionaron aún en los momentos más tensos de mediados de año, cuando la Intersindical llevó adelante una serie de paros durante varias semanas. Aquella vez, la presión de los trabajadores y la ejercida desde las filas del peronismo, hicieron cambiar al mandatario pampeano y allanaron al camino para el entendimiento que le permitió, al menos por 90 días, descomprimir la tensión.

Mientras los empleados públicos delinean la forma de protesta, desde la Casa de Gobierno se mantiene el silencio, dando la impresión de que el 24 por ciento de aumento es inamovible.

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