Como consecuencia de las políticas públicas de destrucción salarial, impulsadas y ejecutadas por el gobierno de Mauricio Macri, el sector estatal que incluye a trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales del país, concluirá con una pérdida de ingreso salarial de más de 30%, respecto al momento de su asunción, en diciembre del 2015.

Según los datos aportados por los Consejos Directivos Provinciales de ATE más del 70% de los trabajadores de las administraciones públicas provinciales no alcanza a cubrir, con sus ingresos, el valor estimado por la última canasta familiar medida por los técnicos de la Junta Interna de ATE en el INDEC.

Tomando como referencia de análisis las categorías donde reviste el mayor número de trabajadores de las administraciones públicas provinciales, el promedio general de salario ronda allí los 26.000 pesos mensuales contra los 35.647 pesos que insume el valor de la canasta básica para una familia tipo.

La base de la caída del 30% del salario entre los estatales tiene dos elementos gravitantes: uno que el aumento salarial registrado en la mayoría de las provincias en estos cuatro años nunca alcanzó a equiparar el índice inflacionario. Salvo contadas administraciones que para el 2018 y el 2019 decidieron adoptar la cláusula gatillo, la mayoría ató las subas salariales a aumentos fijados en paritarias, a veces complementado con el pago de bonificaciones, pero que aún así no alcanzaron a igualar la pérdida  del poder adquisitivo.

El segundo elemento a tener en cuenta es que en salarios donde el consumo de alimentos se lleva la mayor parte, la caída es más alta porque la inflación de los insumos alimenticios ha sido 6 o 7 puntos más alta que la inflación general. Según los datos de la ATE INDEC, en 3 de los 4 años de gobierno de Macri hubo caída del salario y salvo uno, el 2017, se registro alguna paridad.

Aunque en la pérdida del salario hay una responsable mayor que es el gobierno nacional, ello no exonera a los gobiernos provinciales. Desde el fallo judicial de la Corte Suprema de la Nación que obliga a devolver el 15% de los fondos coparticipables, las provincias han aumentado sus recursos financieros, casi que ninguna, hoy tiene déficit fiscal. Sin embargo ello no ha sido trasladado a mejoras salariales, ni a una mejor distribución del ingreso a las comunas bajo sus jurisdicciones. Un ejemplo que ha sido recurrente de ello es que cuando los gobiernos provinciales han fijado un mínimo salarial para todo su territorio, han sabido equiparar los mínimos salariales correspondientes a  los trabajadores que están a su cargo, pero no han hecho ningún aporte a las municipalidades, de manera que se han mantenido las viejas asimetrías salariales entre provincias y municipios, que desde nuestro gremio se reclama aunar.

Si a nivel provincial el salario promedio da 26.000 pesos en los municipios el salario promedio arroja 17.000 pesos mensuales, siempre y cuando sean de la planta permanente. Esta aclaración vale porque en los municipios existe un altísimo número de trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de contratados. En este marco salarial los CDP´s de ATE estimaron que el porcentaje de trabajadores de planta permanente que no llegan a cubrir la canasta básica sube al 90% de total de los mismos. 

En los municipios el problema se intensifica porque es salarial y también laboral. Los datos aportados por CDP´s indican que en promedio casi el 50% de los municipales son contratados.

En este estado de precarización laboral la ATE ha contabilizado la existencia de hasta 17 modalidades distintas de contratación. En los municipios es común oír hablar de monotributo, becas, tutorías, planes de inclusión, o jornalizados, entre otras variables. En este grupo de trabajadora/es los salarios se comprimen en una franja que va de entre los 5.000 y 8.000 pesos. Y el problema es abismal: no solo casi el 100% de total no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica, la inmensa mayoría de ellos perciban salarios por debajo de los 16.875 pesos, establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)).