Estatales rechazan nuevo sistema del SAE: “abre la puerta a la privatización”

Estatales rechazan nuevo sistema del SAE: “abre la puerta a la privatización”

Desde ATE criticaron los cambios instrumentados por el gobierno provincial en el Servicio Alimentario Escolar, que municipaliza la provisión de comida en las escuelas. “Esta acción gubernamental afecta los derechos de los trabajadores bajo la excusa de la búsqueda de transparencia”, dijo Carlos Díaz, secretario Gremial de la entidad. La reforma se pondrá en práctica en unas 500 escuelas de 12 distritos, entre ellos Lanús y Almirante Brown.

En una de sus primeras medidas del año, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires anunció una serie de reformas en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), que incluirá un nuevo rol de los municipios, que tendrán que realizar responsable de los recursos humanos para la implementación de este beneficio, que le da de comer a millones de alumnos en todas las escuelas bonaerenses. Luego de un 2016 donde hubo denuncias sobre recortes en los cupos, el intento de la cartera que conduce Santiago López Medrano apunta a mejorar la situación, y comprometer a los intendentes en esta tarea. Pero para los estatales, esta municipalización “le abre la puerta a la privatización” del SAE. Así lo denunciaron desde ATE, que dice que el efecto de esta reforma “es imprevisible”, y podría violar los derechos de los auxiliares docentes.

El rechazo de ATE a la reforma del SAE se dio luego de la firma del decreto que genera las nuevas condiciones del servicio. “La gobernadora María Eugenia Vidal tomó la decisión de invitar a los municipios a hacerse cargo del SAE y en la letra del decreto se plantea la transferencia de recursos hacia las comunas quienes, a su vez, deben hacerse cargo del personal”, remarcó Carlos Díaz, secretario Gremial de ATE Provincia.

Frente a esta situación, el dirigente cuestionó que “la medida choca con los derechos de los auxiliares de la educación, y las consecuencias de esta medida son imprevisibles. Por ello ATE rechaza la decisión tomada por Vidal y, como dijimos en noviembre, si la decisión está basada en combatir hechos de corrupción la provincia tiene instrumentos para hacerlo que no sean estos”. “Esta acción gubernamental afecta los derechos de los trabajadores bajo la excusa de la búsqueda de transparencia. Pero los derechos que hemos adquirido mediante la lucha no estamos dispuestos a resignarlos”, advirtió.

Además, Díaz evaluó que “existe el riesgo que esta disposición le abra la puerta a la privatización del SAE. Sumado a que la medida es de dudosa legalidad ya que la Constitución provincial establece, en su artículo 203, que la administración de los servicios educativos en el ámbito de competencia territorial distrital estará a cargo de los consejos escolares, como así también en la Ley Provincial de Educación en su artículo 147. Mientras que el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas dice el SAE es responsabilidad de los organismos provinciales específicos, es decir de la Dirección General de Cultura y Educación y del ministerio de Desarrollo Social”.

Según el decreto publicado la semana pasada, el gobierno “aportará los fondos para la prestación del SAE conforme a las partidas alimentarias; gastos de combustible envasado (para el uso de las cocinas y calefones); en equipo y mantenimiento (heladeras, cocinas, vajilla y elementos indispensables para la adecuada prestación del servicio); administración y transporte”. En tanto, la comuna “aportará y será responsable de proveer los recursos humanos para la implementación del SAE, así como también la infraestructura, servicios y mantenimiento de las dependencias que se encuentren bajo su órbita y en las que se presten los servicio”.

Además, las comunas deberán presentar un informe contable trimestral donde “evidencie la efectiva ejecución de los fondos”. “La falta de presentación de este informe o la verificación de que se han falseado datos, podrán significar una disminución del monto liquidado y/o la rescisión del acuerdo, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que correspondan”, afirma el decreto.

Cada municipio, también podrá proponer las raciones a asignar a cada establecimiento escolar de su distrito y “podrá reducir, suprimir y/o redistribuir la cantidad de raciones otorgadas, como así también proponer aumentos y cambios de modalidad prestacional, todo ello en base a criterios de nominatividad en cuanto a los beneficiarios y sujeto a la aprobación del Ministerio”.

Las medidas comenzarán a funcionar con una prueba piloto en 12 municipios. Son, en total, 504 escuelas, a las que asisten 320 mil alumnos, es decir, 20 por ciento de los beneficiarios del programa. Se trata de Tres de Febrero, Lanús, Vicente López, Junín, Hurligham, Escobar, Almirante Brown, Florencio Varela, San Isidro, San Fernando, Morón y Pinamar, a los que se transferirán recursos que estarán afectados únicamente al SAE.

Para ATE, esta reforma es “peligrosa” para los trabajadores. “Mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires habla de inclusión y de un sistema público de calidad, descentraliza el SAE, precariza las relaciones laborales, lleva adelante descuentos en Desarrollo Social y despidos como ocurre en educación y salud. La gobernadora Vidal lejos de apuntar hacia la calidad y la inclusión no cumple con los compromisos asumidos, a lo que hay que sumarle el incumplimiento -pese a la palabra empeñada- de pases a planta de los trabajadores que se encuentran precarizados”, concluyó Díaz.

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