Los gremios estatales rechazaron ayer la decisión del Gobierno Nacional de fraccionar el pago del medio aguinaldo de junio. Tanto ATE como UPCN se pronunciaron en contra y advirtieron el efecto contagio que generará la decisión.

Para la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) la definición del gobierno ante la situación provocada por "la pandemia de coronavirus" representa "una muy mala señal en un escenario tan complejo". 

Un comunicado de la conducción nacional del gremio, que lidera el también secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez, rechazó "el anuncio del gobierno sobre el pago en cuotas del medio aguinaldo", y pidió al gobierno que deje sin efecto una medida que afectará a los trabajadores estatales con salarios superiores a 80 mil pesos".

"El personal mantiene en pie a la Administración Pública Nacional y respalda las políticas del Ejecutivo en uno de los momentos más graves de la historia", remarcó el comunicado del gremio.

Los dirigentes estatales nacionales indicaron también que "la baja de la recaudación nada tiene que ver con los salarios", y añadieron que "los trabajadores no son la variable de ajuste", por lo que reclamaron al gobierno que abone el medio aguinaldo este mes y el de fin de año en diciembre próximo.

Por su parte ATE publicó una Carta Abierta a Alberto Fernández en la que solicita "una pronta reunión a fin de profundizar el impostergable tratamiento de la situación laboral y salarial en el Estado y demás propuestas que fortalezcan un camino en beneficio de las mayorías populares".

Para los conducidos por Hugo "Cachorro" Godoy "la idea de la revalorización del Estado como garante de las políticas públicas no puede ir acompañado de una precarización salarial: sin propuesta de aumento salarial, desdoblamiento del pago del medio aguinaldo y reduciendo jubilaciones".

"Los trabajadores del Estado Nacional ya vimos recortado en un 37% el poder de compra de nuestro salario en los últimos cuatro años, sufrimos 35.000 despidos ? no cederemos en el reclamo de su reincorporación - y la constante precarización en las condiciones laborales", agregaron.

"Estamos convencidos acerca de la necesidad de implementar todas aquellas medidas que garanticen un mayor ingreso de recursos al Estado. En tal sentido, reclamamos que se establezca un impuesto a las 114.000 fortunas personales de más de un millón de dólares como paso previo a una profunda reforma tributaria de carácter progresivo", sostuvieron los ceteístas.