Mientras el Gobierno hace equilibrio para contentar a empresas y gremios del sector privado, los sindicatos que representan a los empleados del Estado golpean puertas adentro de la Administración Pública Nacional (APN), sin prisa pero sin pausa, para incrementar la plantilla de trabajadores que se redujo un 18% en los cuatro años de gestión Macri.

Representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) mantuvieron en los últimas días reuniones con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, también dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino Navarro", a fin de llevar una serie de planteos para "poner plata en el bolsillo de la gente", según justificaron en sucesivas visitas a la Casa de Gobierno.

Según el cálculo de los gremialistas, durante la gestión Macri, cuya gestión del empleo público recayó en el exministro de Modernización y, a la postre, vicejefe de gabinete, Andrés Ibarra, entre 35.000 y 42.000 personas con funciones en la administración pública nacional fueron desplazados. La cifra más alta coincide con los números de esa cartera informados a mediados de 2019, contemplando despidos, jubilaciones, retiros voluntarios y contratos no renovados.

El reclamo de los estatales llega justo cuando el bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el Congreso para continuar la aplicación de un decreto 632 del 2018, por el que Macri limitó la planta de personal de las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional.

Por el contrario, los sindicalistas piden que tal norma quede sin efecto y que las vacantes abiertas en los nuevos ministerios sean llenadas por los despedidos.

A la vez, los estatales no están ajenos a las negociaciones que los gremialistas representantes del mundo laboral privado mantienen con el Gobierno para definir el monto del incremento salarial que se prevé disponer por decreto, a cuenta de las paritarias 2020 y con ánimos de apaciguar las expectativas para la primera mitad del año por venir.

En momentos en que se negocia una suma que podría oscilar entre los $ 6000 y $ 9000, a pagar en cuotas, los representantes del empleo público piden igual recomposición, pese a tener aumentos ya acordados para enero y febrero.