Sin consenso ni determinación para romper con el Gobierno una negociación, cuyo único rédito hasta ahora para los jefes sindicales fue blindar la caja de sus obras sociales, la CGT entrará el jueves próximo en acción por primera vez en el año, con una ambigua movilización de protesta que podría ser el puntapié de lo que sería el quinto paro general contra la gestión del presidente Mauricio Macri.

Será una suerte de peregrinación. Partirá desde la Plaza Miserere, en Once, y finalizará en la avenida 9 de Julio. El reclamo no llegaría hasta las narices de la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, "por razones logísticas", según la hoja de ruta trazada por Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos jefes que tiene hoy la central obrera. Los organizadores estiman una marcha pacífica y multitudinaria. No habrá escenario, ni oradores. Mucho menos un acto. Ese día la CGT publicará una solicitada en los diarios y en las redes sociales, con la consigna de defender la producción y el trabajo, y enumerará algunas fallas del Gobierno: el crecimiento de la pobreza, la escalada inflacionaria, la precarización laboral, la suba de las tarifas y la falta de un plan de desarrollo productivo.

La modalidad del reclamo dista mucho de la prosapia sindical, acostumbrada a manifestaciones ruidosas musicalizadas con bombos y trompetas, que solo callan cuando algún dirigente con ascendencia lo pide desde un micrófono. El jueves no habrá líderes ni escenario. Ni siquiera primará la unanimidad de las diferentes tribus sindicales que cuestionan al Gobierno, ya que los sectores más combativos se podrían desmarcar en la misma jornada con el anuncio de medidas de fuerza por fuera de la CGT.

La protesta del jueves, que aparenta tímida y silenciosa, carga inevitable con el estigma de lo que sucedió el 7 de marzo de 2017, cuando la cúpula de la CGT fue silbada y abucheada por una multitud y debió huir en medio de un clima hostil.

Ese día ninguno de los integrantes del triunvirato de mando pudo finalizar su discurso callados por "el poné la fecha la puta que te parió". La exigencia del paro no fue solo retórica: militantes de izquierda coparon a los golpes el escenario y tomaron el mítico atril de la CGT como trofeo de guerra. Presionado, unas semanas después, el triunvirato fijó la fecha de lo que fue la primera huelga contra Macri.

Dilatar el llamado al paro es parte de la estrategia de la conducción cegetista. "No hay que quemar todas las naves ahora", especuló un dirigente que lleva décadas al mando de su gremio y que conserva buen diálogo con el macrismo. "El paro y la movilización son parte de la misma acción", dijo otro referente, quizás dando una pista sobre el próximo paso. Héctor Daer, uno de los dos jefes, fue más contundente: "Al paro le falta maduración y consenso. No hay clima de paro en las bases".

Las razones para no apurar la confrontación son varias. Una de ellas es que los gremialistas descartan que después de la huelga Macri modifique su plan económico. "No les mueve el amperímetro", se sinceró un sindicalista.

Pero hay otros argumentos, incluso más tangibles. Está abierta desde hace unas semanas una negociación con el Gobierno por agilizar la entrega de fondos para las obras sociales y por la creación de una agencia médica que tendrá como uno de sus objetivos reducir los amparos judiciales que disponen la cobertura de servicios médicos no cubiertos por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Frena también el ímpetu sindical los descuentos salariales por la jornada de paro. Se expuso en la CGT el caso de los metalúrgicos, con quitas de entre $2000 y $5000 por jornada perdida.

El ajedrez electoral también influye en la estrategia. El campanazo de largada de la campaña electoral encuentra hoy a los sindicalistas desorientados, sin un candidato presidencial capaz de reunirlos bajo un mismo techo. Entre los gremios, Cristina Kirchner divide aguas. Hay dirigentes que prefieren la continuidad de Macri antes que su vuelta. Por eso, el grueso de los dirigentes apuesta por ahora a fortalecer Alternativa Federal, con el deseo de que Roberto Lavagna acepte ir a las PASO con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

El reacomodamiento de piezas en el tablero se da en medio del debate en el Congreso para transparentar el financiamiento de los partidos políticos. El PJ volvió a la carga para levantar la prohibición del aporte gremial, mientras que Cambiemos rechaza cualquier modificación en lo relativo a este rubro.

Las cajas sindicales lucen irresistibles para la política cuando salen a la luz casos como el reciente desfalco de $600 millones en el Sindicato del Seguro, o los presuntos dibujos contables que surgieron en los balances del SOMU entre 2015 y 2018, un período que abarcó la última gestión de Omar "Caballo" Suárez y la intervención oficial, supervisada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la actual senadora Gladys González y el exministro de Trabajo Jorge Triaca.