Se trata de una nueva forma de contrato de trabajo que busca “abaratar” la contratación para el patrón, junto a todo tipo de exenciones, a cotsa de la precarización de las relaciones de trabajo y de vida de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes.

Este tipo de contrato fue pensado originalmente para ser probado en jóvenes de 18 a 29 años, pero fue ampliado a personas mayores de 55 años que estén fuera del mercado de trabajo formal hace más de 12 meses. Fueron 322 votos a favor y 153 en contra. Para que pueda ponerse en marcha, la propuesta deberá ser aprobada por el Senado hasta el 20 de abril. La propuesta va a ser aprobada a las apuradas, con la población encerrada en sus casa o trabajando con más miedo al desempleo que a la exposición a la pandemia a la que están sometidos.

En un discurso criminal, basado en la falsa idea que quitando derechos el empleo vuelve a crecer, Bolsonaro decretó en noviembre de 2019 una medida provisoria, es decir, un decreto de vigencia inmediata pero que debe ser ratificado por el parlamento. Esa medida incluía una serie de medidas draconianas, como el trabajo los domingos y feriados, y una enorme quita de obligaciones patronales. Aunque tuvo cambios, la esencia del proyecto es la misma que salió de la cabeza del presidente Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes. El proyecto encontró apoyo en el Congreso, en la Corte Suprema y entre los militares. Se trata de una mini reforma laboral que logró ser ampliada de forma generalizada para el conjunto de los trabajadores del país.

En medio de la pandemia, el Congreso, con el presidente de Diputados Rodrigo Maia a la cabeza, unieron a Bolsonaro y aprobaron el contrato “verde e amarelo”, lo que va a generar una oleada de nuevos despidos, más allá de que ya están ocurriendo impunemente. Sin duda los patrones preferirán despedir para volver a contratar en el nuevo formato, mucho más barato.

Es urgente que la centrales sindicales salgan del confort de su cuarentena sindical, mientras miles siguen trabajando sin derecho a organizarse para garantizar su propia seguridad. Los ejemplos de las huelgas en Italia y Estados Unidos entre otros países son ejemplos de cómo enfrentar los despidos y los ataque a los derechos laborales en medio de la pandemia.

Contrato Verde e Amarelo: una nueva reforma laboral

El 25 % de las plantillas de empleados podrán ser contratados por las empresas en esta nueva modalidad. Esto ampliará el subempleo, que arrasa la vida de los trabajadores y la juventud. El tiempo máximo de este tipo de contrato será de dos años. Algunas propuestas iniciales bastante absurdas se cayeron, como el trabajo los domingos y feriados, la baja del aporte al fondo de retiro (FGTS) del 8 % al 2 %, pero el ataque igual es grave.

Rebajas en las cargas sociales patronales: la propuesta presentada en noviembre tiene como eje una rebaja fiscal para los empresarios que afectará en 2.200 millones de reales (cerca de 420 millones de dólares) al erario público. Ese agujero sería pagado ahora por los trabajadores desocupados, que tendrían la “opción” de que se les descuente entre 7,5 % y 9 % del valor del seguro desempleo en caso de despidos sin causa, si eso fuese acordado entre las partes. La habilitación de las negociaciones individuales con la reforma laboral de Temer, el carácter “opcional” de ese acuerdo es como mínimo cuestionable.

Despidos baratos/rotatividad: reduce enormemente el valor de la multa a los patrones en caso de despido sin justa causa. Del 50 % de multa que los patrones deberían afrontar, el 40 % es para el trabajador y el 10 % iba al gobierno destinado al fondo de retiro. En este nuevo régimen, los empleadores quedan exentos de ese 10 %.

De esta manera, el sistema previsional se dirige a su fin, y la rotatividad del trabajo, un mal que afecta sobre todo a los jóvenes, solo tiende a agravarse.

Sin embargo, la Cámara de Diputados profundizó esa propuesta, reduciendo la multa del FGTS al 20 % en caso de despido sin justa causa, excluyendo la multa para despidos con justa causa. El texto base definía la multa en 30 % para despidos sin y con justa causa.

Riesgos no pagados: el informante de la medida que crea el contrato Verde e Amarelo, diputado Christino Aureo (PP de Rio de Janeiro) excluyó el techo que determinaba el pago de un adicional por riesgo. El pago se realiza a trabajadores expuestos a algún peligro o riesgo de vida durante la jornada laboral. El texto anterior determinaba que el pago debería hacerse en aquellos casos en que el empleado estuviese expuesto a situaciones de riesgo, como mínimo, durante el 50 % de la jornada laboral. El parlamentario excluyó también el techo que abriría la posibilidad de que los empleadores contraten seguros privados de accidentes personales a empleados contratados por las reglas de la medida.

Eso quiere decir que los patrones que empleen bajos estas condiciones serán estimulados a adoptar este tipo de contrato, que precariza a los trabajadores de muchas maneras y libera del pago de un beneficio básico a los empleadores, poniendo a los trabajadores en una situación de mayor riesgo.

Inestabilidad para los accidentados: los accidentes durante el trayecto entre la vivienda y la empresa solo serán considerados accidente si ocurren en transporte del empleador. Además, el empresario no tendrá obligación legal de garantizar la estabilidad del trabajador accidentado, si se comprueba que no tuvo responsabilidad en el accidente. Los accidentados serán descartados como piezas rotas de una máquina.

Anticipo de montos rescisorios: permite el anticipo de los montos relacionados con la liquidación final, de forma proporcional, mes a mes. Por ejemplo, las vacaciones, el aguinaldo y la multa para el seguro de retiro. El porcentaje mínimo para dividir esos montos debe ser de 20 %. Eso quiere decir que los derechos por indemnización pueden ser pagados como le convenga al patrón, abaratando los costos de despidos futuros con la liberación del seguro de retiro a lo largo del contrato.

Fiscalización blanda: la fiscalización por parte del Estado a la aplicación de los derechos laborales básicos en la apertura de las empresas será “ablandada” en la contratación de jóvenes trabajadores. Habrá multas más livianas y visitas menos frecuentes de fiscales, abriendo una brecha a la generalización de la falta de respeto a los derechos básicos del trabajador y de la coacción empresarial en los lugares de trabajo que tienen pocos trabajadores. Además, el paquete abre una hendija para que la patronal, a través de acuerdos individuales o colectivos directos, pueda aumentar la jornada laboral y consolidar la acumulación de funciones sin que el salario aumente respectivamente.

Coronavirus: una excusa para la flexibilización del trabajo, los salarios y los despidos

Antes de la pandemia, la tasa de desocupación ya alcanzaba el 27,3 % entre los más jóvenes, más que el doble que en total de la población del país (12,7). Sin embargo, frente al que hasta el momento no fueron prohibidos los despidos, están ocurriendo libremente.

La pandemia del COVID-19 está siendo usada por la patronal para acelerar despidos y presionar por mayores ataques a los derechos laborales, como pasó con el decreto bautizado “MP de la Muerte” de Bolsonaro, que suspende contratos y reduce los salarios en hasta el 70 %, u proyecto que sectores como la Confederación Nacional de la Industria (CNI) proponen que se extienda más allá de la epidemia.

A pesar de la demagogia de Bolsonaro y de los gobernadores como João Dória, de San Pablo, esta medida solo salva a los patrones del pago de sus obligaciones con los trabajadores durante la pandemia. El miedo al desempleo disputa con el miedo a morirse por coronavirus en un hospital público. Ahora, junto con el congreso del “opositor” Rodrigo Maia, avanzan con una medida que ajusta la cuerda en el cuello de miles de trabajadores, aumentando la presión en especial sobre los que siguen trabajando durante la pandemia.

¿Dónde están las centrales sindicales como la CUT y la CTB?

Están en cuarentena, esperando que el mismo Congreso presidido por Maia, que aprobó esta medida en acuerdo con Bolsonaro, asuma las riendas del combate a la pandemia. Eso defienden. Mientras pasan los ataques a los derechos laborales, despidos y muertos, lo máximo que hacen es seguir orientando a quedarse en casa, lavándose las manos frente a lo que está ocurriendo, en lugar de poner en discusión una propuesta de organización de los trabajadores, que a pesar de las dificultades por el aislamiento, muchos, incluso del grupo de riesgo, siguen trabajando, muchas veces sin los materiales de protección adecuados.

Deberían estar luchando por un plan de emergencia concreto, empezando por exigir testeos masivos, la ampliación de camas de terapia intensiva y respiradores, que ponga a los trabajadores en el control de los rumbos del combate a la pandemia.

Para proteger y defender a los trabajadores frente a la pandemia, no aceptar ninguna reducción salarial manteniendo el pago integral de los salarios, exigir el pago inmediato del salario de emergencia y seguir luchando para que sea elevado a 2.000 reales (380 dólares) por mes a todos los trabajadores sin ingreso, informales o desocupados, congelando todos los precios de alimentos y exigiendo la amnistía en los pagos de luz, agua y otros servicios básicos.

Esta es una lucha por la supervivencia de la clase trabajadora. Para exigir que sus direcciones salgan de sus casa a organizar la resistencia tendrán que, también superar a esas burocracias y recuperar los sindicatos para las manos de los trabajadores.