El pedido de reapertura de la paritaria salarial se convirtió en el eje de todas las medidas de fuerzas de los empleados estatales provinciales y nacionales, pese a la negativa del Centro Cívico y la Casa Rosada de rediscutir salarios.

A los agentes públicos se sumaron ahora los bancarios de todo el país –incluso del sector privado– que comenzaron con asambleas que planean “profundizar” si los bancos no reabren la paritaria.

La conflictividad laboral muestra dos caras muy distintas: por un lado los estatales pugnan por una recuperación salarial con varios paros de por medio en los últimos meses; por el otro, los gremios industriales tienen como principal objetivo preservar los puestos de trabajo, con afiliados que padecen suspensiones rotativas y reducciones de jornada.

Mientras participaba de la cumbre del G20 en septiembre, Mauricio Macri dejó claro desde China que el Gobierno no prevé reabrir las paritarias. “¿Cómo se van a abrir si ya se negociaron? Y la inflación va a la baja”, razonó.

Pero el viernes se abrió una nueva instancia que puede cambiar el escenario. La CGT reunificada se reunió con varios miembros del Gabinete y requirió una compensación para fin de año para empleados públicos y privados, para jubilados y para beneficiarios de planes sociales. El Ejecutivo se comprometió a una negociación tripartita para un “acuerdo social” entre Gobierno, CGT y empresarios y prometió dar una respuesta en 10 días.

Los funcionarios convinieron en elaborar una propuesta sobre un eventual pago de bono que deberán consensuar con gobernadores e intendentes, porque lo que suscriba la Nación se replicará a nivel provincial y municipal.

El Gobierno, trascendió, considera que el bono representa un costo político y económico menor que la reapertura de paritarias.

Antes y después de la definición de Macri, Juan Schiaretti había sido terminante: “No hay ninguna posibilidad de reabrir la discusión paritaria. Ni la Nación, ni la Provincia, ni los municipios pueden otorgar aumentos salariales, en un contexto en el cual la inflación supera a la recaudación”, dijo, tras participar de la reunión del Consejo Federal de Seguridad.

Schiaretti solo dejó como alternativa pagar un bono de fin de año, pero no asumió ningún compromiso. Esa opción estará atada a lo que suceda en la Nación.

La batalla salarial

Pero los estatales, con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) a la cabeza, están dispuestos ampliar su protesta. UEPC, el gremio con mayor poder de presión, que conduce el kirchnerista Juan Monserrat, convocó para mañana a la asamblea provincial que decidirá cómo sigue la protesta. Ya hicieron cinco paros: 29 de febrero, 4 de abril, 24 de agosto y 22 y 27 de septiembre.

Monserrat remarcó que la inflación interanual de agosto medida por Córdoba y la proyección hasta fin de año supera ampliamente el aumento otorgado en paritaria.

Según el Índice de Precios al Consumidor Córdoba en agosto la inflación fue de 0,28 por ciento, el acumulado desde enero 25,4 por ciento y la interanual 39,15 por ciento. Los docentes tuvieron un aumento promedio del 33,7 por ciento, pero de esa mejora 25 por ciento fue con recursos provinciales y un 8,7 por ciento corresponden al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Lo firmado rige hasta el 31 de enero próximo.

“Nos queda medio año y la inflación proyectada para todo el año ronda el 40 por ciento”, argumenta Monserrat.

La UEPC pide que se cumpla el artículo 4 del acuerdo que establece volver a discutir salarios “de manera inmediata” si se producen cambios en las variables económicas que produzcan un deterioro del poder adquisitivo de los sueldos.

Ese argumento es refutado por el ministro de Educación, Walter Grahovac, quien señala que desde febrero, en que se firmó el acuerdo, hasta agosto la inflación es del 23,5 por ciento.

“No tengo ningún tipo de especulación política, pero la Provincia está percibiendo el 15 por ciento del aumento de la coparticipación y cerrando el acuerdo de la Nación con la Caja de Jubilacio­nes y nos quieren ‘mejicanear’”, acusó Monserrat.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) también advierte que no reducirá la presión. Tras la movilización del viernes el gremio de los empleados públicos encabezado por el delasotista José Pihen ratificó un paro total para el 20 de octubre, pero esa fecha se puede correr si la CGT reunificada dispone un paro nacional.

La CGT Regional Córdoba que preside Pihen convocó para hoy a un plenario general en el que no estará ausente el reclamo por la paritaria. En esa central están el SEP, UEPC y la Asociación Bancaria, que integran la Coordinadora de Gremios Estatales. También exigen derogar el recálculo del haber jubilatorio provincial.

Según Pihen, sus afiliados deberían tener una mejora extra a los aumentos (y a la reducción de aportes) ya recibidos este año de entre ocho y 10 puntos.

La Asociación Bancaria es el primer gremio de peso que también representa al sector privado que pide reabrir paritarias. Viene de cerrar en abril un aumento de 33 por ciento de una vez.

Raúl Ferro, de la Bancaria de Córdoba, reconoció que la inflación empezó a bajar, pero sostuvo que “se depreció el salario real”. Dijo que piden una mejora de entre ocho y 10 puntos porcentuales remunerativos.

Por lo pronto, el sindicato anunció asambleas de tres horas por turno para el miércoles y jueves próximo.

“Una solución que no desfinancie al Estado”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que, ante los planteos gremiales, el Gobierno busca “una solución que no desfinancie al Estado”, pero aclaró que el Ejecutivo “no le va a dar nada” a la central obrera, ya que “gobierna para más de 40 millones de argentinos”.