Con marcada expectativa, los familiares de los 11 detenidos por la toma de la sede de la Unión Tranviario Automotor (UTA) aguardan para hoy, o a más tardar mañana, que recuperen la libertad y que bajo esa condición esperen el juicio oral. Todo indica que a la mañana concluirán los trámites de rigor en los que se establecen las normativas para la concesión de la libertad condicional. En este caso, la Sala I del Tribunal de Juicio hizo firmar la semana pasada un acta compromiso a las esposas de los imputados en las que asumen el rol de tutoras para evitar fugas o el entorpecimiento del proceso.

En el escrito las mujeres asumen "la obligación de cuidado y/vigilancia" de sus cónyuges. Al mismo tiempo se comprometen a hacerlos comparecer todas las veces que sean requeridos por el tribunal. En el acto adjuntaron fotocopia de certificado de convivencia y residencia extendido por la seccional policial de sus respectivas jurisdicciones para acreditar sus domicilios, con certificación de la secretaría de la Sala I del Tribunal de Juicio que preside el camarista Martín Pérez.

Los imputados en causa son: Omar Daniel Pereyra, Walter Ignacio Pérez, Daniel Hipólito González, Oscar Raúl Villa, Exequiel Maximiliano Malenque, Oscar Orlando Camacho, Carlos Martín Barrios, Cristian Alberto Figueroa, Jorge Juan Banda, Sixto Domingo Tactagi y Agustín Darío Cayo. Todos están imputados por los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños" por los incidentes ocurrido el 12 de septiembre pasado. Ese día, un grupo de 32 personas irrumpió en la sede del gremio de los choferes, en la calle San Luis 555, donde según la investigación del fiscal penal N§ 6, Horacio Córdoba Mazuranic, mantuvieron secuestrado al secretario general del sindicato, Sergio Flores, y a otros dos miembros de la comisión directiva. En esas circunstancias, los intrusos provocaron daños a las instalaciones y robaron dinero.

La acusación

De acuerdo con acusación fiscal, confirmada por el juez de Garantías, Ignacio Colombo, el objetivo de la revuelta tuvo como fin producir la renunciar del titular de la Unión Tranviario Automotor. Flores interpretó la toma se la sede gremial como intento de "golpe de estado" a su gestión orquestado por cuatro integrantes de la comisión directiva. El dirigente apuntó a Tactagi (secretario adjunto), Pereyra (secretario de Asuntos Gremiales), Barrios (secretario de Actas) y Banda (secretario de Cultura). "Se trató de un concierto delictivo donde todos y cada uno de los imputados tuvieron el poder de decisión sobre la situación, la que demostraron cada vez que han podido ser observados y escuchados, manifestando que querían el desplazamiento de las autoridades gremiales legítimamente constituidas y para ello ejercieron violencia para lograr torcer su voluntad", expresa en su dictamen el fiscal Córdoba Mazuranic.

"A los muchachos los perjudica la figura del secuestro coactivo, pero no hay nada acreditado en ese sentido. Es una acusación forzada para justificar la prisión preventiva", expresó Roberto Reyes, abogado de Cayo y Camacho. Y agrego: "En el juicio va a quedar probado que no fue más que una pelea gremial". En tanto, Malvina Astorga, esposa de Pereyra, señaló. "Estamos esperando con cautela la libertad de nuestros maridos, pero al mismo tiempo ansiosas".

La líder del grupo de mujeres que desde el primer día viene reclamando por la libertad de los detenidos expresó: "Con el acta que firmamos el compromiso de que los chicos no van a entorpecer el proceso, ni se van a jugar. No son delincuentes. Esperamos que el juicio se haga pronto para demostrar que son inocentes de todo lo que los acusan".