La elevación del proyecto de la ordenanza complementaria está surgiendo como una condición indispensable para que el Concejo Deliberante admita avanzar con el tratamiento del presupuesto del ejercicio 2019 presentado por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

Tan es así que en las últimas horas desde varios bloques deslizaron la posibilidad de que el debate sea frenado hasta tanto el Departamento Ejecutivo responda de manera favorable a los reclamos de los concejales.

Es que tal como lo hizo en 2018, este año el secretario de Economía y Hacienda de la comuna, Hernán Mourelle, elevó el cálculo de gastos y de recursos sin adjuntar el proyecto de una norma central, en la cual se establecen las principales pautas para administrar más de la mitad del presupuesto municipal.

Entre otras cosas la complementaria define el escalafón y la nómina salarial de los trabajadores de la comuna, fija el valor de las bonificaciones y determina el monto de las remuneraciones que perciben los funcionarios políticos y de ley.

Su ausencia “impide conocer los criterios con los que se administrará la mayor parte del presupuesto de la Municipalidad“, subrayó la concejal de Unidad Ciudadana, Virginia Sívori.

Es que prácticamente todo el contenido de esta ordenanza está referido al manejo del gasto en personal, el cual, según los cálculos de Sívori, asciende a los $6262 millones, es decir, al 55% de todo el presupuesto previsto para 2019.

“Ahora parece que el gobierno estaría tratando de argumentar que no existe ninguna obligación legal de presentar la complementaria. La realidad es que, legal o no, su obligación es la cumplir con ese trámite porque esa es la única forma de legitimar trasparentar el uso de más de la mitad del gasto de la Municipalidad“, señaló Sívori.

Las quejas por las evasivas de la gestión de Arroyo no sólo surgen de Unidad Ciudadana.

A su turno todas las bancadas, con excepción del arroyismo, ya le reprocharon al Ejecutivo no haber cumplido con la presentación del proyecto.

Desde la UCR, inclusive, ya advirtieron que si Mourelle no envía el texto en los próximos días lo más probable es que el presupuesto nunca logre traspasar el debate en la comisión de Hacienda.

Y no descartaron que la semana que viene surja consenso para avanzar con la iniciativa de la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, quien ayer propuso devolverle el expediente al Ejecutivo.

A los concejales no sólo les preocupa que Mourelle no haya presentado la ordenanza complementaria de 2019, sino que a esta altura del año tampoco haya presentado la correspondiente al ejercicio 2018.

Esa omisión ya se convirtió en un dolor de cabeza para el propio intendente Carlos Arroyo, a quien el Tribunal de Cuentas de la Provincia ya le hizo varias observaciones y le advirtió que podría aplicarle amonestaciones y multas por “desobediencia” tanto a él como a Mourelle.

No obstante el jefe comunal y su secretario se mostraron indiferentes frente a los dictámenes del organismo que audita y controla las cuentas de todos los municipios de la Provincia.

Con su resistencia a elevar el proyecto, Arroyo y Mourelle no sólo parecen dispuestos a poner en riesgo la aprobación del presupuesto de 2019 y a afrontar sanciones del Tribunal de Cuentas.

También parecen asumir que su relación con los funcionarios de ley que controlan los números dentro del municipio seguirá empeorando.

Es que tanto el contador general como los contadores de los entes descentralizados ya realizaron protestas por las dificultades que la ausencia de la ordenanza complementaria genera en su labor cotidiana, por “carecer de un marco normativo” al cual ajustarse para, por ejemplo, liquidar los habares del personal municipal.

Por esa razón y en base al antecedente de lo que está sucediendo en 2018, el contador general de la administración central, Guillermo Costanzo, emitió un informe advirtiendo sobre lo que podrá ocurrir en 2019 al no contar una vez más con una ordenanza complementaria.

En su informe el funcionario explicó que nuevamente se estaría ante la “ausencia de un marco legal” que determine el “escalafón y las nóminas salariales” y que defina “los conceptos remunerativos adicionales al sueldo básico”.

En las últimas horas surgió la novedad de que el secretario en lo Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, acudiría a la comisión de Hacienda para explicar por que razón, en opinión del Ejecutivo, no es legalmente imprescindible la elevación de la ordenanza complementaria.

“Podrá esmerarse todo lo que quiera en explicarlo, pero el requisito político que está planteando el Concejo para seguir tratando el presupuesto es claro: la gestión de Arroyo debe presentar esta norma tal y como lo hicieron todos los gobiernos, sin excepción”, le dijo a LA CAPITAL un concejal de la oposición.

Además, existen dudas sobre los motivos por los que el Ejecutivo se resiste a cumplir con el trámite.

“Entre otras cosas en la complementaria se establecen las bonifiaciones del personal y ya contamos con el antecedente de haber reducido por decreto las bonificaciones de los docentes”, advirtió Sívori, quien señaló que “si el Ejecutivo no tiene nada que esconder” simplemente debe elevar el proyecto.