La última vez que los proveedores del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires cobraron por su trabajo fue en diciembre de 2019. Desde entonces, sostuvieron con fondos propios sus actividades para evitar despedir personal o suspender el trabajo. Servicios como lavandería, limpieza, oxígeno, mantenimiento o alimentos, continuaron de forma ininterrumpida durante los meses de enero, febrero y marzo teniendo como base poco más que la buena voluntad de los empresarios pyme bonaerenses y las promesas de los funcionarios, que por el momento han caído en saco roto.

El funcionamiento de 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y el empleo de decenas de cientos de familias descansan en las manos de un puñado de empresarios que parecieran haber llegado al límite. De no poder pagar los sueldos en los próximos cinco días, cada trabajador decidirá qué hacer por su cuenta o por orden del sindicato que lo nuclea. De este modo, algunos servicios se mantendrán de forma mínima y otros, simplemente, se suspenderán hasta nuevo aviso.

La situación, hoy por hoy, es compleja. Mientras los empresarios, cuyos recursos económicos parecieran haberse agotado, reclaman el pago atrasado de los primeros tres meses del año, los funcionarios del ministerio de Salud bonaerense mantienen conversaciones que parecieran no llegar a ningún lado y hasta sugirieron que las pymes debieran acogerse a los créditos al 24 por ciento lanzados por el gobierno nacional para hacer frente al pago de los salarios.

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Lo que el gobierno nacional no tuvo en cuenta es que la enorme mayoría de las empresas tomaron créditos en el mes de febrero, por lo que les resulta antieconómico volver a endeudarse. Por otro lado, numerosos economistas nacionales apoyaron a los empresarios al asegurar que la línea de créditos anunciada por Alberto Fernández debiera haber sido sin interés, y no al 24 por ciento. Esto último responde a varios factores. Los dos más importantes son que lo que afectó a las empresas no fue un problema propio sino la decisión del gobierno de paralizar las actividades, y que ninguna pyme utilizará el dinero para especular o para invertir en maquinaria, sino para pagar salarios y mantener a flota a un sinnúmero de familias.

Las negociaciones parecieran haber llegado a un punto muerto. Los empresarios no tienen más dinero propio para pagar los salarios que caen esta misma semana y el gobierno de Axel Kicillof no tiene pensado, al menos por ahora, cancelar la deuda que mantiene con ellos. Muchos tomarán el crédito al 24 por ciento pero a un riesgo extremo, elevando sus obligaciones de pago a límites inalcanzables, especialmente si tenemos en cuenta que la economía no resurgirá al 100 por ciento al otro día de finalizada la cuarentena.

“La provincia no puede arriesgarse a perder estas empresas. Estamos ante una emergencia sanitaria y ellos son los que proveen la comida de los enfermos, la limpieza de las instalaciones, las sábanas, toallas y uniformes limpios, el oxígeno y el correcto mantenimiento de los edificios. Su rol es clave en la lucha contra el coronavirus o ante cualquier otra enfermedad”, explicó el director de un reconocido nosocomio de derivación de la ciudad de La Plata.

El ultimátum ya llegó. Los empresarios aseguraron que pueden aguantar hasta el lunes 6. Para el martes, debieran tener todos los sueldos de sus plantillas pagos. El gobierno hizo un último intento de persuadirlos con más conversaciones sin final, pero fue en vano. Ya no quedan más alternativas. El conflicto entró en las últimas y decisivas 96 horas, en las que el gobierno tendrá que decidir entre pagar sus deudas o dejar al sistema sanitario bonaerense librado a su suerte, en medio de la pandemia más agresiva de los últimos dos siglos.