Federación de petroleros llegó a un acuerdo y suspenden medidas

Federación de petroleros llegó a un acuerdo y suspenden medidas
Así lo dio a conocer Marcelo Turchetti, dirigente sindical, por lo que se dará por resolución del Ministerio de Trabajo una suma fija a los trabajadores. Sobre la toma en la planta de Punta Loyola, cuestionó a la Justicia “por no actuar como corresponde”, y aseguró que los yacimientos están paralizando la producción.
Había comenzado ayer un paro por tiempo indeterminado anunciado por la Federación Argentina del Petróleo, Gas y Biocombustibles, el cual no tenía mayor incidencia en la provincia de Santa Cruz. Desde la organización madre de los sindicatos petroleros federados reclamaban soluciones a peticiones salariales, pero en horas de la tarde de ayer se informó sobre un acuerdo al que arribaron las partes.

En este contexto el titular del gremio de Petroleros de la Cuenca Austral, Pedro Turchetti, dialogó con el móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, dando cuenta del acuerdo arribado ayer en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, mediante el cual se sacará una resolución para otorgar una suma fija a los trabajadores y una contribución destinada a la obra social de los sindicatos. “Por eso es que los compañeros levantaron el paro” dijo Turchetti, aclarando que “la federación agrupa a varios sindicatos con distintos convenios colectivos de trabajo, y la mayor cantidad de afiliados los tenemos en yacimientos (en Santa Cruz) pero hay 14 trabajadores de Sur Gas y ellos son en nuestro caso los que estaban en conflicto”, aclaró.

Asimismo, se refirió a la toma de la planta de abastecimiento de combustibles en Punta Loyola, la cual está siendo ocupada por desocupados de la actividad, “y eso estaría perjudicando la capacidad de almacenamiento de los yacimientos de la zona (Cuenca Austral) al no estar en funcionamiento”, recalcando que esta situación produce, a su vez, una paralización indirecta de la producción del petróleo en la Cuenca Austral.

“Esto no es bueno para la provincia ni el Gobierno Nacional” dijo, acotando que esta situación provoca la disminución considerable de los ingresos por regalías”.

Cuestionó de este modo a la Justicia, acusándola de “no actuar como corresponde”, manifestando que “no me refiero a que vayan y repriman, sino pidiendo que hagan bien su trabajo, porque están violando la ley y es hora de que la hagan cumplir”.

Según Turchetti, tanto el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz como el de la Cuenca Austral, el Gobierno Provincial que está recusando a la juez “es que estamos atrás de todo esto, porque este es el colmo, ya que los jueces no hacen su trabajo como es debido, debemos preocuparnos todos porque afecta a todos”, acotó.

Roberti presentó denuncias penales

En otro orden, el titular de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Carlos Roberti, comentó que el jueves pasado presentó una denuncia contra “los presidentes de bien conocidas empresas petroleras, para que se investigue si hubo evasión y les cabe la Ley Penal Tributaria. Es que, según aseguró Roberti, desde el gremio hemos detectado pagos en negro y registros irregulares de contratación de trabajadores”.

La denuncia es también por presunto contrabando agravado contra las compañías petroleras. Esto se debe a que, a juicio del sindicato, a pesar de que en muchas de sus fases la industria está subsidiada, las empresas suministran un gas distinto, de menor calidad, potencia y kilos al que la gente paga, y tampoco lo venden al precio de referencia al que deberían.

El calificativo legal de agravado se debe a la sensibilidad del suministro del gas, explicó el dirigente sindical.

De todos modos, el sindicalista criticó que las firmas locales cobran la unidad de gas u$s 2,20, “mientras que se paga u$s 14 a Bolivia y u$s 16 a Qatar”, y fustigó la política de subsidios para el sector petrolero.

“Esto es una locura, de algún modo hay que rápidamente finalizar con esos procesos de contratos. Toda esta política de subsidios tiene que finalizar”, puntualizó.

Las empresas aseguran que su situación es crítica y que no pueden dar incrementos salariales porque el Gobierno les debe importantes montos en concepto de subsidios.

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