En ese contexto la FeMPINRA denunció que la decisión de la empresa argentina “pone en riesgo más de 2000 puestos de trabajo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial argentina”. Del mismo modo la Federación pidió la nulidad del DNU Nº 668 “donde se le autoriza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas la toma del crédito público allí detallado en su Anexo, a los fines de la adquisición del buque polar logístico antártico, el cual se pretende construir en su totalidad en país extranjero y así quitarle el trabajo a más de 2000 trabajadores en los astilleros argentinos”. 

Fuentes sindicales detallaron que “dichos actos violan en forma deliberada derechos constitucionales contemplados en nuestra Carta Magna tanto de este ente federativo y los sindicatos a ella adheridos como también de los afiliados a los mismos”. 

 Por su parte, el titular de la organización sindical, Juan Carlos Schmid, señaló su preocupación por la situación de los “200 trabajadores marítimos que podrían perder sus empleos a raíz de una licitación que se está haciendo a las apuradas y de los 2000 compañeros que hoy se desempeñan en astilleros que están con capacidad ociosa mientras los barcos se construyen afuera”. 

El dirigente sindical afirmó que “presentamos un amparo para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de esta licitación que cobraría vigencia en 2021 y es gestionada por una administración que está por finalizar su mandato en diciembre”.

“La decisión de otorgar la concesión de tal servicio a otra empresa, implica que todos aquellos trabajadores que actualmente se encuentran trabajando para National Shipping SA, perderán irremediablemente sus puestos de trabajo en el caso en que se consolide esta contratación que consideramos de carácter inconstitucional y lesiva”, explicó Schmid.

El dirigente marítimo enfatizó: “Es importante entender que coincidimos con el sector empresario en que este gobierno no puede tomar decisiones de esta envergadura a un mes y medio de abandonar el poder, de ahí nuestras denuncias judiciales como parte de la actividad”.

Schmid indicó que “como vemos, YPF y el Estado, en lugar de favorecer la producción, fabricación y compra nacional, admite, a pesar de que la industria naval está paralizada, que la construcción se haga en Paraguay y la construcción de un Buque Polar en Astilleros de la Comunidad de Galicia, esto es decide comprar trabajo extranjero”. 

El Secretario General de la FeMPINRA concluyó:“La Industria Naval argentina concentra al menos cien empresas, que tienen 6.000 empleados pero sostienen otros 12.000 puestos indirectos. No hay duda alguna acerca de la real y efectiva existencia de una gravísima lesión constitucional que de no impedir con absoluta urgencia su continuidad, afectará en forma inexorable derechos constitucionales, tanto individuales como colectivos de los trabajadores y de esta organización gremial, y fundamentalmente el Derecho Humano al Trabajo”.