Más del 60% de los fileteros que piden ayudas económicas no está registrado

Lo reconoció la secretaria general del gremio, Cristina Ledesma. Dijo que sólo 3.300 de 10.000 trabajadores fileteros está registrado. Este martes se reunirá en la Subsecretaría de Pesca
Durante una semana, por la sede del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (Soip) desfilaron miles de personas. Algunas tuvieron que hacer cola. Otras llegaron en el momento de menor congestión. Como sea, casi todas pudieron anotarse en el padrón de las ayudas económicas.

Con el listado en mano, Cristina Ledesma, secretaria general del Soip, visitó varios despachos nacionales y provinciales. Junto a las mujeres que integran su comisión directiva, la dirigente recorrió ministerios para gestionar subsidios para los 8.000 fileteros, peones y envasadoras que se inscribieron, en sólo siete días, en el padrón gremial.

Mientras aguarda porque llegue el martes, día en que se reunirá con el subsecretario de Pesca de la Nación, Ledesma reveló que más de 60% de las personas que integran el listado del Soip se emplea en cuevas, es decir, trabaja en negro.

“Y eso que cerramos el padrón, por cuestión de tiempos y plazos. Si todavía estuviese abierto, por lo menos se hubieran anotado unos 2.000 trabajadores más”, calculó Ledesma, en diálogo con El Atlántico.

Según dijo, la actividad en plantas productivas, truchas o legales, aglutina actualmente a unos 10.000 u 11.000 obreros, de los cuales sólo 3.300 está bajo relación de dependencia.

Eso supone que más del 70% de los trabajadores del sector no percibe ni aguinaldo, ni obra social, ni vacaciones, ni aportes jubilatorios. Menos aún, un monto mensual garantizado para cuando no hay materia prima o para cuando un paro de actividades en el puerto local bloquea los empleos por unos cuantos meses.

De todos modos, y como advirtió Ledesma, los garantizados no llegan a ser ni paliativos. Este haber, que sólo cobran los registrados, apenas si trepa a los $1800.

Consultada sobre si las empresas con personal blanqueado están pagando los garantizados en tiempo y forma, Ledesma apuntó: “Estamos esperando unos días más. Pensemos que también nos atraviesa el fin de semana largo. Sabemos de algunas plantas en donde no lo habrían cobrado, pero vamos a aguantar hasta el viernes que viene”, advirtió la dirigente.

Los últimos trascendidos, que Ledesma no se atrevió a confirmar, indican que Miguel Bustamante, titular de la subsecretaría de Pesca habría dispuesto $1.500.000 para ayudas económicas. Tanto el funcionario como la dirigente gremial saben que con esa plata no alcanza. Es que si se divide el monto del subsidio por la cantidad de inscriptos en el padrón apenas si se llega a los $187 por cabeza. Nada.

Por eso que desde hace días, se gestionan recursos en distintos ministerios, tanto nacionales como bonaerenses. “Pero no quiero decir nada porque se están evaluando las posibilidades. Todas las autoridades tienen una copia del padrón”, señaló Ledesma, que por último recordó la demanda del sector: “Una ayuda del mismo valor que la canasta familiar desde ahora y hasta dos meses después de que se levante el paro”.

DATOS NEGROS

Todos saben que hay empleo en negro y que existen cuevas truchas que en condiciones inhumanas y por dos monedas emplean por día a fileteros, peones y envasadoras. Pero más allá de alguna inspección o sanción, no es contundente el rol estatal para paliar la precarización laboral portuaria.

Acerca de si piensan aprovechar este parate para exigir que la reactivación productiva traiga aparejada una ola de registraciones, Ledesma contestó: “Es lo que nos gustaría, pero todo junto no podemos. Ahora que quede en claro que lo que viene después de superar esta desesperante situación es la registración de los compañeros”, aseveró.

En este contexto, y ante las palabras de la dirigente, es propicio recordar las cifras que en marzo de este año revelaron, por ejemplo, que el 78.4% de los trabajadores de empresarias vinculadas con la pesca y el fileteado no está registrado.

Los datos, que se confeccionaron a base inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo de Nación, la Municipalidad, la Prefectura y el Senasa, fueron difundidos a mediados de marzo por el intendente Gustavo Pulti y la viceministra de Empleo y Seguridad Social, Noemí Rial.

El personal a cargo de los controles detectó irregularidades en 69 de los 79 establecimientos inspeccionados. De 1.575 trabajadores relevados, 1.204 no estaban blanqueados.

En 12 de empresas, la fiscalización no pudo concretarse de manera acabada, mientras que en otras cinco, se debió solicitar una orden de allanamiento, porque los responsables de la planta impedían el ingreso de personal de control.

Por entonces, la viceministra de Trabajo aseguró que continuaría gestionando junto al subsecretario de Pesca, Miguel Bustamante, el ingreso de las empresas a la competencia leal. Dijo que una de las herramientas que las patronales tienen a su disposición es la que al blanquear a sus empleados, durante el primer año ese empresario podrá pagar el 50% de las contribuciones y durante el segundo, el 25%.

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