El fiscal penal 6, Horacio Córdoba Mazuranic, dio por concluida la investigación relacionada con la violenta toma de la sede de la Unión Tranviario Automotor (UTA) y solicitó al juez Ignacio Colombo la elevación a juicio de la causa que pesa contra 11 imputados, entre los que se cuentan a cuatro miembros de la comisión directiva.En su requerimiento, el representante del Ministerio Público dio por probado que las personas que irrumpieron en el edificio de la calle San Luís 555, el 12 de septiembre pasado, mantuvieron cautivo al titular del gremio Jorge Flores y a los responsables de las áreas de Acción Social y Deportes, Mario López y Miguel Rasjido, respectivamente.Expresa que los opositores a Flores ingresaron al local armados con palos, bidones de combustibles, cadenas y otros elementos, desalojaron a afiliados y trabajadores, a excepción de los nombrados. Refiere el fiscal que una vez que trabaron las puertas de acceso a la sede y a las instalaciones de la obra social, el grupo disidente agredió a los dirigentes cautivos, robaron dinero de las oficinas de finanzas (una suma de 65 mil pesos), rompieron parte del mobiliario y exigieron la renuncia de Flores, caso contrario amenazaron con incendiar el sindicato. "La violenta toma en la UTA mantuvo en vilo a los vecinos y familiares de los gremialistas, y generó una gran conmoción por el grado de violencia desplegado por los agresores en busca de lograr sus exigencias", expresa Córdoba Mazuranic.La toma fue disuelta luego de varias horas y se detuvo a 32 personas, pero el fiscal imputó por el hecho a 11, entre ellos a Sixto Domingo Tactagi, el segundo de la conducción del sindicato que nuclea a los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia. De acuerdo con la denuncia de Flores, su lugarteniente actuó en connivencia con los revoltosos y que el objetivo de Tactagi era dar un golpe de estado sindical. También están imputados y privados de su libertad los secretarios de Asuntos Gremiales, Omar Daniel Pereyra; de Actas y Difusión, Carlos Martín Barrios, y de Cultura, Jorge Juan Banda. Los nombrados, junto a otros siete detenidos, están acusados de los delitos de "secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños".A juicio del fiscal, "se trató de un concierto delictivo donde todos y cada uno de los imputados tuvieron el poder de decisión sobre la situación". Y agrega: "querían el desplazamiento de las autoridades gremiales legítimamente constituidas y ejercieron violencia para lograr torcer su voluntad". Además los acusa de ejercer "actos de vandalismo" con la rotura de muebles de la entidad gremial y de los dirigentes secuestrados".