Fraude versus elecciones limpias

Fraude versus elecciones limpias

El caso de ATE Nacional esta semana reavivó el debate sobre las elecciones y la democratización en los sindicatos. Un debate que el sindicalismo viene ganando.

¿Qué tienen en común los sindicatos de Comercio, SOMU, de Personal de Seguridad, de Seguros y ATE? Estos seis gremios fueron a elecciones en los últimos meses o intentaron llevarlas adelante si es que la Justicia o el ministerio de Trabajo no frenó el proceso electoral a raíz de las denuncias.

En todos ellos hubo escándalo en la previa que incluyeron acusaciones por padrones adulterados, que incluían muertos o afiliados inventados. También corrieron demandas hacia quienes conformaban la Junta Electoral. Claro está, de superar estas cuestiones y avanzar en la elección de autoridades, correrían nuevas denuncias durante la votación.

Por ejemplo, el caso de ATE esta semana: la oposición a Hugo Godoy denunció metida de votos truchos en las urnas (aseguran tener videos), robo de urnas y amedrentamiento contra fiscales que no pudieron hacer su labor. Por si todo este rosario fuera poco, agregamos folklore peronista que solemos ver: piñas, empujones y plomo que dejan heridos y a veces muertos.

En cualquier caso y como vemos, no importa la envergadura del gremio, a todos les cabe por igual la situación. Comercio es el gremio de mayor cantidad de afiliados y el de Personal de Seguridad, es un sindicato chico con una cuota sindical baja por los empobrecidos salarios que cobran sus afiliados. Pero no importa.

Ahora bien, un proceso de confrontación en las urnas debería ser algo normal en cualquier institución democrática: se presentan listas, se vota y se elige o reelige conducción. Desde una dependencia del ministerio de Producción y Trabajo que siguen estas cuestiones muy de cerca apuntan: “Diríamos que en el 100% de los casos nadie quiere perder el poder y es por eso que son moneda corriente los casos de eternización”. Claro está, del otro lado cualquier dirigente dice la de manual: “Nosotros damos la cara todos los días frente a los afiliados y eso hace a nuestro trabajo; además, cada cuatro años nos sometemos a votación”.

Tomando como punto de partida que los sindicalistas son honestos, ¿quién quisiera volver al llano si dejara la representación gremial? ¿Tomar un colectivo para volver a someterse a un régimen laboral bajo patrón? Arropen al Caballo Suárez de marinero en vez de recordarlo en fotos envuelto en sus sacos blancos de etiqueta extranjera. O imaginen a un secretario general sin chofer. Placeres del poder y del dinero.

Ahora bien, ¿las votaciones en los sindicatos son representativas? Depende: si las listas opositoras son realmente opositoras veremos que todo termina en escándalo como contamos. En cambio, y como también ocurre en política, en muchos casos son los propios oficialismos los que inventan listas opositoras fantasma que hacen el juego de dar legitimidad a un proceso electoral que no lo tiene.

Pareciera que la única forma de traspaso de poder real en un sindicato es a rey muerto, rey puesto. Y que el rey puesto sea alguien del riñón para evitar la mancha de ese dirigente solo que post mortem. Y cuando hablo de “muerto” hablo literalmente de ceder el poder ante vejez senil o mortandad.

Volvamos al SOMU: cuando Jorge Triaca era ministro de Trabajo intentó llevar transparencia a los sindicatos proponiendo elecciones a lo largo de una semana y mediante voto electrónico. De hecho, sacó una resolución en la que invitaba al resto de los sindicatos a sumarse a este método: solo lo hizo Víctor Santa María en su sindicato (encargados de edificios). Recordar que la UIF había detectado movimientos bancarios, entre Suiza y Uruguay, vinculados a cuentas que el dirigente tendría (no a su nombre). Investiga (?) el juez Claudio Bonadio.

Paradojas de la berreta política local: el que terminó enchastrado y eyectado de su cargo fue Triaca porque puso como encargada de la delegación del SOMU de San Fernando a su sirvienta. En fin… ¿quién va a hacer caso a quien no cumple con lo que propone?

Más lejos en el tiempo hay que remontarse a la Ley Mucci, propuesta por ese funcionario durante el gobierno de Ricardo Alfonsín. La Argentina salía de la Dictadura y con ese envión, y como ordenamiento de la estructura sindical y para contener la inflación, el radicalismo propuso una mayor intervención del Estado en el movimiento obrero. Le fue muy mal porque nunca se convirtió en ley.

Escribe Pedro Massano en su tesis llamada “Reorganización del Movimiento Obrero Sindicalizado en la post dictadura argentina: El caso de la Ley Mucci”.

“La mayor parte de los puntos del plan de democratización eran conocidos por la dirigencia sindical. Estos apuntaban a la reproducción como conducción, como la duración de los mandatos, la incorporación de las minorías o las elecciones de base como paso previo a la renovación de las cúpulas, varios de estos aspectos ya los había enfrentado durante la revolución libertadora. Otros, en cambio, eran novedosos, como la fiscalización de las elecciones por parte de la justicia electoral. El conjunto de la literatura “alfonsinista” concuerda en que el proyecto buscaba romper con la “oligarquización” que se había dado dentro de los sindicatos. Pero este proceso es visto como si fuera un desvío del desarrollo normal de la representación gremial, dado por el modelo consolidado a partir del peronismo. Si bien este modelo es fundamental para entender las características del sindicalismo en la argentina, pareciera que se asumía que el movimiento obrero llega a 1983 exactamente igual a como estaba en 1976”.

Sigue el siga siga… para bien o para mal según quién lo diga.

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