La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció ayer una política de persecución gremial a los trabajadores judiciales por parte del Ministerio Público, con numerosos casos de amedrentamientos y violencia laboral, más marcada en algunos distritos, como el de Bahía Blanca.
Según Víctor Hugo Solomón, secretario local, en 2008 el fiscal general Juan Pablo Fernández elevó un pedido de cesantía contra el perito Néstor Alende, porque se negó a acatar una resolución que le ordenaba tomar fotografías al momento de realizar los informes.
La Suprema Corte intervino y resolvió en febrero de 2013 la inconstitucionalidad de la resolución. Sin embargo, la Procuraduría habría retomado el tema y sancionó a Alende con 30 días de suspensión sin goce de sueldo.
“La decisión es arbitraria e ilegal porque viola la ley federal que establece que a un representante gremial no se lo puede sancionar sin haberle quitado los fueros”, apuntó Alende.
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