El sugerente respaldo a las despedidas, que resisten esa situación con diversas acciones, fue interpretado rápidamente en el contexto de presión hacia el gobierno neuquino para que tome parte activa en la situación, en defensa de la fuente laboral que se ha cerrado.

Una de las líneas acusatorias contra los propietarios de la empresa, ha pasado por la denuncia de lock out patronal, una figura ya utilizada en el caso Zanón, que derivó después en el control obrero de la producción y la posterior expropiación (por avenimiento) favorecida por el gobierno, en ese momento, de Jorge Sapag.