Esta semana, los jóvenes decidieron profundizar la protesta emplazando un acampe frente a Casa de Gobierno, tras que, según dicen, el ministro secretario General de la Gobernación, José Luis Garrido, no cumpliera con los ingresos “que prometió”. Es que meses atrás el grupo reconoció incluso una capacitación ordenada por Garrido, lo que hizo prever que el trabajo estaba garantizado y era inminente, sin embargo con el correr de las semanas no tuvieron más respuestas. Precisamente el hecho de que se los haya capacitado antes de haberlos hecho ingresar es para Garzón “una irregularidad” aunque entiende que “esta gente es así, no cumplen y mientras tanto sigue ingresando mucha gente por los punteros políticos de las básicas” denunció.Vale aclarar que ayer periodistas de este diario intentaron, infructuosamente, comunicare con Garrido para obtener su respuesta frente al sostenimiento de la protesta y sobre los dichos de Garzón. Según Garzón “ellos (por los manifestantes) van a  permanecer ahí hasta que aparezca una solución” y “nosotros desde ATE vamos a seguir acompañando a los compañeros, ayudándolos y organizándolos y posiblemente hagamos una presentación legal”. En este sentido, el dirigente de ATE indicó que dicha presentación podría ser por el incumplimiento del artículo 139, vigente dentro del CCT. “Es un tema muy sensible, eso está escrito y firmado, con esas cosas no se juega, estamos hablando de hijos de personas que trabajaron toda su vida ahí y de otros que han fallecido” dijo. Días atrás, el vicepresidente del Pj, Juan Carlos Batarev, reconoció en una entrevista a Tiempo FM que en las unidades básicas “hay muchos que son empleados públicos y otros que no, yo estoy en la unidad básica Tierra de Compromiso del barrio San Benito, donde hay albañiles, enfermeros, mercantiles y desocupados también”, aunque opinó que “las unidades básicas no tienen que ser agencias de empleo”. En ese momento, la pregunta venía a cuento de sendos rumores que circularon respecto de que militantes de las básicas del PJ estaban cumpliendo funciones en la administración pública, reemplazando a las trabajadoras de la empresa de limpieza Guzmán, que acababan de ser despedidas. Según el dirigente nacional de ATE, Alejandro Garzón, que un trabajador estatal sea enviado a una básica a cumplir su horario “no es legal” porque “sino todos vía partidos políticos tendrían que tener agentes en esta situación”.  Sin embargo, para el dirigente “el concepto de este gobierno es que los trabajadores estatales son dueños de casa y punteros y nosotros no somos dueños de ningún gobierno, nosotros cumplimos funciones y servicios para el pueblo”. Por ende “ahora, con el Convenio Colectivo de Trabajo se tendría que terminar el clientelismo político y entrar todos al Estado por concurso de cargo” apuntó. Este último no es un reclamo nuevo, sino que el mismo día en que se firmó el CCT en esta provincia (2012), la cuarta a nivel país en contar con esta herramienta que dejó atrás la ley 591, se planteó que, más allá de las relaciones laborales y de discusión salarial entre los estatales y el Gobierno, la norma se presentaba como un avance hacia la profesionalización del empleo público. Ya en esa oportunidad, Garzón ejemplificó que a partir de este convenio no solamente se podrá discutir salarios sino también “los concursos de cargos donde los sindicatos van a ser parte del armado de los concursos y vamos a tener veedores” y aseguró que “lo que hace el Convenio Colectivo es democratizar las relaciones laborales porque hubo sindicatos que se sentaron con el Gobierno a discutir de igual”.