Giran fondos y la Corte avanza en paritaria vip

El Gobierno le autorizó ayer a la Corte Suprema de Justicia una reasignación en las partidas presupuestarias para que el máximo tribunal otorgue un aumento del 15% a todos los empleados del Poder Judicial.

Distendió así el conflicto que se había originado desde la semana pasada, cuando los ministros elevaron una queja por la demora en la firma de la Jefatura de Gabinete al tiempo que deslizaban que el viceministro Julián Álvarez había reclamado cargos en la Magistratura a cambio de liberar los fondos.

Jorge Capitanich volvió a consolidarse ayer como el interlocutor preferido de los ministros en el Gobierno. Si bien pueden discrepar con sus consignas políticas, al momento de los hechos lo eligen por un estilo concreto muy distinto al de otros emisarios. El viernes habría informado a la Corte que podían contar con su firma y que la demora se debía a que todo el oficialismo estaba movilizado por el entuerto con los holdouts.

La novedad dominó el acuerdo de ayer, que fue más corto que lo habitual ya que los ministros partieron a sus domicilios para enfrascarse en los avatares mundialistas. La reasignación de partidas les da aire a las cuentas del Poder Judicial, pero también a Ricardo Lorenzetti en su relación con el gremio de empleados que conduce el moyanista Julio Piumatto. Una vez más, este sindicato contará con una de las mejores paritarias. A comienzos de año recibieron un 10%, ahora un 15% y todavía resta un último incremento a fin de año. 

Tal como recordaron ayer los ministros, en lo que va del año la Corte no ha girado fondos propios para las cuentas del Consejo de la Magistratura, organismo a cargo del pago de todos los sueldos del Poder Judicial a excepción de los de la Corte. Elena Highton de Nolasco fue una de las principales impulsoras de esta política de austeridad. Pero hay un detalle más subterráneo: el máximo tribunal ya no aporta recursos al Consejo, pero tampoco le exige que le transfiera fondos por la administración de dependencias que eran de su competencia, pero que fueron traspasas a la Corte, como es el caso del Archivo.

La firma de Capitanich ayer dejó mal parado a Álvarez porque, según interpretaron los magistrados, sus requerimientos fueron más por una iniciativa personal que por una decisión estratégica del Gobierno.

Las tensiones entre los dos poderes podrían volver si finalmente mañana el oficialismo vota en el Senado la ley que limita la responsabilidad civil del Estado.

El texto que se someterá a votación elimina la capacidad de los jueces de imponer multas a organismos públicos. Una avanzada sobre el imperium de los magistrados que consta en la jurisprudencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que, al igual que sucedió el año pasado con la reforma judicial, dará lugar a planteos en los tribunales por parte de los afectados.

Tampoco resulta simpático el artículo del proyecto que libera al Estado de responsabilidades en caso de faltas que cometan los concesionarios de servicios públicos.

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