La denuncia sobre la falta de cumplimiento de algunos de los programas sociales en el predio de disposición final también puso foco en la gestión de la tasa Girsu, utilizada en parte para tal fin y que, tras un proyecto de la concejal Vilma Baragiola (UCR), debía ser, también en parte, administrado por Desarrollo Social.

“El Municipio debería haber trasladado los fondos, pero nunca lo hizo. Desde el Emsur se negaron permanentemente”, señaló Vilma Baragiola, tras ser consultada por LA CAPITAL.

Para la edil, autora del proyecto que motivó la modificación del artículo 5 de la ordenanza 22395, los fondos destinados al sostenimiento de las ayudas sociales para los recicladores informales -como las becas para los menores de entre 13 y 18 años a cambio de que no estén presentes en el lugar- debía pasar a la órbita de Desarrollo Social, presidida por Patricia Léniz. “Pero nunca hubo acuerdo”, señaló.

Este cambio, también, buscaba afectar fondos para que finalmente funcione la Mesa de Reciclado local, espacio responsable de atender las necesidades de los trabajadores informales que se desempeñan en el predio de disposición final de residuos y que solo ha sido convocada “contadas veces” desde la creación de la misma en 2015.

“En estos meses ya podríamos haber trabajado en múltiples respuestas en relación a la beca para los jóvenes, la ropa para los que están trabajando en el nuevo galpón del predio, la posibilidad de traslado de lo que se recicla. Hasta podríamos haber abordado la problemática de la construcción de viviendas sociales”, señaló.

Por su parte, Marina Santoro (UC), que junto a Baragiola son las ediles nombradas como integrantes de la Mesa de Reciclado local, también manifestó su preocupación ante la inacción del Ejecutivo local en materia de inclusión social.

“Actualmente el Municipio sigue sin brindarnos información concreta sobre la situación en el predio de disposición final de residuos. Si bien existen denuncias de distintos sectores sobre el recorte en las becas, el Ejecutivo sigue sin confirmarlo”, señaló la edil.

Santoro también aseguró que “los reclamos no tienen sólo que ver con el incumplimiento con el pago de las becas sino también con la falta de un censo. La población creció mucho en el predio y no se pensaron otros dispositivos de abordaje integral. Si bien se realizaron operativos de salud por parte de la Secretaría, no se aplican políticas más profundas para solucionar la situación de fondo”, apuntó.