Con la intervención judicial en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ya en camino de salida, luego de los fallos que ordenaron el cierre del proceso en el gremio y en la obra social, la interventora Gladys Gonzalez deberá afrontar dos nuevas denuncias judiciales, que amenazan con oscurecer su futuro electoral.

Es que mientras la Diputada nacional del PRO sueña con ser la elegida de María Eugenia Vidal para competir por una banca en el Senado en los comicios bonaerenses, su paso por el SOMU puede convertirse en un escollo. La suma de presentaciones que cosechó en esos nueve meses empiezan a augurar un futuro en el que deberá pasear seguido por los tribunales de Comodoro Py.

Las nuevas presentaciones, realizadas por afiliados del gremio que sintieron vulnerados sus derechos, recayeron en manos de los jueces federales Claudio Bonadío y María Servini de Cubría.

Por un lado se la acusa a Gonzalez de haber desistido el recurso del art. 62 de la ley 23.551 en la Cámara Nacional del Trabajo. Por esa decisión, que dejó a los afiliados sin la posibilidad de tener una resolución de los últimos comicios gremiales, fueron denunciados Gladys Esther González, Víctor Hugo Zoppi y Héctor José Noto.

Pero la más complicada de las presentaciones es la que la señala por presunta administración fraudulenta del gremio. La acusan, concretamente, de cobrar dos salarios y de “formalizar, instrumentar y ejecutar negocios personales o a favor de terceros” en perjuicio del SOMU y de sus afiliados.

Además apuntan contra la dirigente macrista por la utilización de las instalaciones, los rodados, el nombramiento indiscriminado de personal en la organización, el manejo financiero y la contratación de la empresa Deloitte para la realización de una auditoría externa por $ 1.200.000.

Como si esto fuera poco, el portal Marina Digital publicó en las últimas horas que algunos proveedores de servicios del sindicato también están comenzando a agruparse. El objetivo sería encarar una denuncia por defraudación a la Gonzalez por “maniobras extrañas” a la hora de tener que realizar el pago por bienes o servicios provistos.