Los gobernadores de once provincias le piden al Gobierno financiar sus déficits previsionales, como condición para acompañar el proyecto que cancela los juicios por actualización jubilatoria, debatido por estas horas en la Cámara de Diputados.

El reclamo lo lideraron Juan Schiaretti (Córdoba) y Carlos Verna (La Pampa) y ya cuenta con apoyo de las tres fuerzas opositoras más fuertes, como son el Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el bloque peronista.

 

 

 

El cronograma de Cambiemos es emitir dictámenes el jueves, en el último plenario de comisiones; y que el miércoles se apruebe en el recinto. Pero nadie puede descartar una demora mayor, ante la cantidad de modificaciones exigidas por la oposición, que sólo tiene clara la decisión política de respaldar el pago a los jubilados.

 

 

 

Por si fuera poco, los gobernadores le trajeron al Gobierno un problema inesperado, cuyo costo fiscal es impredecible. Quieren hacer cumplir los programas de “armonización previsional” previstos en la ley 25235, que consiste en solventar a las cajas previsionales de las 11 provincias que hace dos décadas no las transfirieron a Anses, como hicieron las demás.

 

 

 

La “armonización”, palabra clave en esta historia, obliga al Gobierno a cubrir los faltantes de las cajas previsionales provinclaes, pero sólo hasta garantizar las mismas jubilaciones que paga Anses.

 

 

 

Como muchas provincias mejoraron su sistema previsional, en 2010 Cristina Kirchner enfureció y canceló los planes de armonización y en algunos casos ni siquiera garantizó que en esas provincias las jubilaciones sean como las de Anses.

 

 

 

El caso más resonante fue Córdoba. Enojada por jubilaciones que llegaban al 87% móvil, no giró un solo peso sus jubilados, José Manuel de la Sota se pasó cuatro años por los Tribunales y ahora entendió que era momento de imponerse.

 

 

 

Su sucesor Schiaretti se lo anticipó a Mauricio Macri en Córdoba y el diputado Juan Brugge llevó la inquietud al bloque Frente Renovador.

 

 

 

El lobby fue intenseo: el pampeano Sergio Ziliotto planteó el tema en el bloque Peronista y la entrerriana Carolina Gaillard en el Frente para la Victoria, donde obtuvo respaldo de Juan Carlos Díaz Roig, experto en temas previsionales.

 

 

 

Por si fuera poco, el socialismo se sumó para beneficiar al gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz, otro de los que paga jubilaciones de su bolsillo.

 

 

 

Las otras provincias con sistema jubilatorio propio son Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde la gobernadora Rosana Bertone impuso una drástica reforma previsional.

 

 

 

Los ministros de Economía de esas provincias visitarán mañana Diputados para pulir detalles de su reclamo. Los diputados de Cambiemos no asistirían.

 

 

 

Otros cambios

 

 

 

La oposición también impondrá otros cambios en el proyecto sobre jubilaciones, que llegaría al recinto con más retoques que el del pago a los holdouts.

 

 

 

Ninguna fuerza acepta eliminar la ley que obliga a tener una mayoría de dos tercios para vender las acciones en empresas privadas que tiene la Anses a través del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que significaron la mayor fuente de ganancias del sistema.

 

El Frente Renovador le ofrecería una alternativa intermedia: borrar esa ley pero poner otras restricciones. Por ejemplo, aceptarían vender sólo si las empresas están camino a la quiebra, aunque no está claro cual sería el negocio de Anses en ese caso.

 

 

 

Con Sergio Massa recién llegado de París, su bloque parece el más permeable a una negociación,en un escenario complicado para Cambiemos, que enfrenta la beligerancia habitual del kirchnerismo y el detallismo de Diego Bossio, es jefe de la Anses y referente del bloque peronista.

 

 

 

Un tema en el que el massismo puede ayudar el Gobierno es en el blanqueo, que aceptaría si suman algunos reparos para evitar el ingreso de dinero ilegal. El economista Ricardo Pignanelli los detalló en una mini reunión de bloque liderada por el propio Massa esta tarde, donde estuvieron Mirta Tundis y Marco Lavagna.

 

 

 

Pero abundan los temas en los que toda la oposición exige cambios. Nadie acepta terminar con la moratoria jubilatoria y reemplazarla por una pensión a la vejez, que sólo tendría vigencia los próximos tres años y alcanzaría a los mayores a 65 años.

 

 

 

Sobre los cambios tributarios también hay diferencias. El Frente para la Victoria se niega a reducir el impuesto a los bienes personales hasta eliminarlo en 2019, mientras que al massismo no les disgusta del todo, pero exige beneficiar primero a los propietarios de clase media.

 

 

 

A ninguno de los dos bloques les convence la eliminación de la ganancia mínima presunta, sobre todo porque extermina los gravámenes a la renta financiera, exigidos por Massa hace años.

 

 

 

Y aunque hay consenso en pagarles a los jubilados los ajustes previstos en los fallos judiciales, también en este ítems van a meter mano tras leer la letra fina del proyecto, muy distinta a la comunicada por Macri en sus festivos encuentros con jubilados.

 

 

 

Exigirán que las sentencias firmes a favor de los jubilados se paguen sin quita, como establece una partida de 12.500 millones de pesos en el presupuesto de este año. “Ningún jubilado les va a recomendar negociar una quita”, coinciden en la oposición.

 

 

 

Los massistas, además, insisten con subir las jubilaciones mínimas para que no queden tan alejadas de los beneficiarios de los fallos de la Corte.

 

 

 

Esta tarde sobrevolaba un dato durante el debate en Comisiones: en una reciente acordada, la Corte tomaría los fallos de Cámara como sentencia firme en temas previsionales, lo que agregaría 80 ancianos habilitados a cobrar.

 

 

 

Sobre el resto tampoco está todo tan claro. Los casi 300 mil que iniciaron juicio y los que estarían en derecho a hacerlo (el gobierno los calculó en más de 2 millones) no siempre tendrían razón.

 

 

 

“Están instando a una judicialización innecesaria”, decían en la reunión del bloque del FpV, donde recordaban que sólo con una autorización legal un funcionario puede dejar de apelar y pagar sin consecuencias futuras en Tribunales. Era otro cambio que se estudiaba.