El Gobierno ahora analiza permitir pagos extraordinarios para postergar las paritarias

Por la incertidumbre inflacionaria, busca que la discusión salarial pase al segundo semestre
Sin distinciones entre oficialistas y opositores, los sindicatos caminan a tientas rumbo a las paritarias. Escépticos y críticos del acuerdo de precios que impulsó el Gobierno, la incertidumbre se magnificó en los últimos días ante la devaluación del peso y el volantazo oficial con respecto al dólar. En medio de este berenjenal, surge algo firme: no existe una referencia concreta de suba para sentarse a negociar salarios.

En tren de evitar desbordes en las demandas salariales, que van desde el 25 al 40 por ciento, el Gobierno evalúa urgente una medida para echar una luz de certeza a las paritarias que se avecinan e intentar contener la presión sindical. El plan sería habilitar un pago extraordinario de $ 1000 en dos cuotas y postergar las negociaciones para el segundo trimestre. Además, se aceptaría incluir en los convenios colectivos una "cláusula gatillo" en caso de una eventual disparada de la inflación. La iniciativa se conversó entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y la cúpula de la CGT oficialista.

Detrás de la medida, la Casa Rosada apuesta a ganar tiempo para evaluar cómo funciona el programa Precios Cuidados que lanzó la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Augusto Costa. Definitivamente la política salarial del Gobierno está atada a la suerte del acuerdo de precios. "Es el plan A, B y C para la inflación. No conozco otra alternativa", confió un ministro a LA NACION.

Los gremialistas que están al tanto de la iniciativa ya estudian la ingeniería para incluir a los $ 1000 como parte del sueldo básico. "No queremos que sea solamente una suba de emergencia", dijo uno de ellos.

En sintonía con la intención del Gobierno, el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, evitó últimamente mencionar los porcentajes que reclamarán como suba. "Para las paritarias, habrá que esperar hasta marzo porque nadie sabe lo que puede pasar con los precios. Yo en este momento no estoy en condiciones de pedir un porcentaje de aumento", dijo hace unos días a LA NACION el referente de los metalúrgicos. Pero ayer y anteayer, el gremialista evitó opinar sobre la devaluación y la flexibilización del cepo cambiario.

Caló, que inicialmente criticó el acuerdo de precios, hace ahora un difícil equilibrio para no oponerse a la medida oficial. "Los precios no son los mismos que hace dos meses. El azúcar no cuesta lo mismo que en octubre, ¿o sí?", cuestionó en la víspera navideña, cuando el Gobierno y los empresarios negociaban a qué productos se aplicaría el control.

También se mantuvo alineada la CTA más cercana al kirchnerismo. Su líder, Hugo Yasky, trazó un piso del 25% para la negociación salarial justo cuando el sindicalismo opositor comenzó a exigir cifras mayores. En el Gobierno rechazaron que Yasky haya ventilado ese porcentaje por orden de algún funcionario.

A diferencia de Caló, Yasky sí se expresó sobre la devaluación del peso y el giro en torno a la política cambiaria. Denunció "intentos de desestabilización del establishment y de los medios de comunicación". Su mensaje fue anteayer una curiosa excepción dentro del mundo sindical.

Sin certezas sobre la inflación y el rumbo económico, los sindicatos quieren postergar las negociaciones o discutir sueldos más de una vez al año. En ese punto hubo coincidencia entre Caló y las CGT opositoras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

Otra salida que evaluó el Gobierno para ganar previsibilidad fue anticipar la convocatoria al Consejo del Salario, que habitualmente se realiza entre agosto y septiembre. Pero en el Ministerio de Trabajo lo descartaron porque consideran que sería "riesgoso porque la suba del salario mínimo podría servir de piso para el resto de las negociaciones".

Temor compartido

La desvalorización del peso durante la última semana hizo brotar en los sindicalistas un recuerdo oscuro. Algunos temen un Rodrigazo, el estallido económico de 1975 que complicó la gestión de Isabel Perón. "Nadie quiere ser hoy la Uocra del 75, que siguió las pautas del gobierno y a las 48 horas tuvo que dar marcha atrás por la inflación", dijo a LA NACION un gremialista cercano al Gobierno.

Ante la incertidumbre inflacionaria, la paritaria se volvió una suerte de matafuegos para rescatar el poder adquisitivo de los salarios. Quedaron relegadas otras cuestiones que deberían ser negociadas en el mismo ámbito, como, por ejemplo, las condiciones de trabajo.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta al funcionamiento del acuerdo de precios y deberá apresurar una estrategia en la paritaria nacional docente, que sirve de referencia para las subas en las provincias. El Estado, en su rol de empleador, mostrará allí su capacidad de negociación y se sabrá si convalidará aumentos del 30%.

Moyano: "Las medidas crean incertidumbre"

A tono con buena parte de la dirigencia gremial, tanto oficialista como opositora, Hugo Moyano advirtió ayer que la flexibilización del cepo cambiario suma incertidumbre a la próxima negociación salarial y acusó al Gobierno de manejarse de manera improvisada.

"Esto [por la relajación de las restricciones para la compra de dólares] crea incertidumbre en el aspecto económico y en el empresarial. Cuando el trabajador tenga que discutir salarios, va a ser un problema muy grande", pronosticó el jefe de la CGT Azopardo en declaraciones radiales.

"El Gobierno va contradiciéndose permanentemente en las decisiones que toma, con las improvisaciones en materia económica a las que nos tiene acostumbrados", advirtió Moyano. Y remató: "Las medidas no han tenido resultado. La inflación no se ha detenido para nada".

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