De acuerdo al diario La Nación, Cammesa, la administradora estatal del mercado eléctrico, amenaza a las distribuidoras de Chaco y de Villa Gesell con cortarles el suministro si no se ponen al día con la millonaria deuda que mantienen por no haber girado los fondos para pagarles a las generadoras. Son los primeros casos de una lista de deudores.

Según el gráfico del medio capitalino, la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María debe 66.700.000 millones de pesos, una suma que dista bastante de las deudas multimillonarias de Secheep, en Chaco que asciende a un total de 4722.000.000 millones y la Cooperativa de Gesell, de 273.000.000.

La deuda de la cooperativa necochense se refleja en una factura mensual y fracción de la siguiente. Una mora relativamente normal, aunque el ideal sería no tener deuda. Esto se produce cuando la Nación autoriza el aumento de los costos mayoristas y después la Provincia se demora entre 5 y 6 meses en autorizar el nuevo cuadro tarifario. En ese momento se produce un desfasaje entre el precio de la compra y la venta al usuario, y eso lo va absorbiendo la Usina mediante la mora.

Por estos días, la cooperativa eléctrica que preside Antonio Vilchez se encuentra en un plan de pagos de la deuda en 10 cuotas que ya está autorizado Cammesa.

El total de la deuda de las ciudades del país  la cubre parcialmente el gobierno nacional. Sin embargo, para cuidar la caja en un contexto de austeridad presupuestaria, activó los mecanismos para achicar en los próximos días el suministro de luz a esos distritos.

Así se desprende de documentación de Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico. Se trata de una empresa mixta integrada por los actores privados del sector, pero conducida por el Gobierno.

Entre sus tareas figuran la organización del despacho, el cobro a las distribuidoras (como Edenor y Edesur) y el pago a las denominadas generadoras, como Yacyretá, Costanera y Central Puerto, entre muchas otras, que son las encargadas de producir la electricidad.

Las distribuidoras deben $19.500 millones, que se acumularon en los últimos tres años y que alcanza a varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Neuquen, Misiones, Río Negro, San Juan, Chubut y Catamarca. Es la parte que el Gobierno busca cobrar de inmediato.