El Gobierno, ante una protesta a largo plazo

Aunque tienen distintas visiones, los gremios estatales se mostraron unidos contra la reforma previsional y mañana se movilizarán a la sede histórica de la Caja de Jubilaciones. Luis Kempa.
"Estamos preparados para una protesta a largo plazo”, advirtió uno de los dirigentes de los gremios más combativos, poco antes de que se desatara la violencia en la marcha contra la reforma jubilatoria que realizaron los estatales la semana pasada.

La expresión del sindicalista marca el estado de ánimo que campea en todos los gremios estatales ante los cambios del sistema previsional realizados por el gobernador José Manuel de la Sota sin el consenso prometido. Este optó por aprobar la normativa de arrebato, sin debate alguno.

En el Centro Cívico apostaron a que la sanción sorpresiva de la ley achicaría la protesta gremial, pero la realidad demuestra que sólo logro diferirla y potenciar la bronca en los estatales.

“¿Qué es más antidemocrático, tirar una bomba de estruendo contra la Policía o aprobar una ley por la noche?”, se preguntó el lucifuercista Juan Leyría, mezclando peras con manzanas, al evaluar los hechos de violencia que oscurecieron el clima social en la provincia.

Desde el Gobierno, para evitar enfrentarse aun más con los sindicatos, apelaron a la remanida figura de los “infiltrados” y hasta algunas fuentes oficiales echaron a rodar versiones sobre la presencia de La Cámpora, venida de Buenos Aires, para provocar los incidentes y ensuciar la imagen del lanzado precandidato presidencial.

Las lecturas fueron contradictorias dentro del Gobierno, porque jefes policiales y el propio ministro de Seguridad, Alejo Paredes, no dudaron en responsabilizar, por caso, al gremio de los recolectores de basura (Surrbac) de los destrozos en el Palacio Municipal.

Quienes estuvieron en la primera fila de la protesta, entre ellos los dirigentes, saben que las primeras bombas de estruendo contra la Policía fueron arrojadas por activistas de algunos sindicatos y no por misteriosos infiltrados. Si había encapuchados, era por el frío y para evitar, obviamente, ser identificados.

Aunque por lo bajo algunos referentes señalan con el dedo a manifestantes de Luz y Fuerza y el Surrbac como responsables de los incidentes, ningún dirigente realizó una autocrítica que apunte a diferenciar a los violentos dentro de sus propias filas.

Y hasta el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), conducido por el delasotista José Pihen, cayó en la volteada.

El fin de semana, desde la sede gubernamental dejaron trascender que dos dirigentes de la conducción del SEP fueron identificados en filmaciones que los vincularían con acciones violentas frente a Tribunales. Uno de ellos –Marcelo Soria, secretario de Salud– ya tiene dos imputaciones de la Justicia por agresión y amenazas. La información generó un revuelo interno en el gremio que conduce Pihen, quien también es legislador oficialista y titular de la CGT Unificada.

Tampoco hubo autocrítica de la Policía, que, más allá de repeler agresiones, reprimió, por momentos, de manera indiscriminada, dejando por igual bajo el fuego de las balas de goma a pacíficos y violentos.

Mientras, el Tribunal Superior de Justicia aún no resolvió si admite la acción de inconstitucionalidad presentada por los gremios contra la reforma jubilatoria, acompañada de una medida cautelar para que no se aplique la ley hasta tanto se defina el planteo de fondo.

La suerte de la medida cautelar se conocerá cuando se decida si la presentación es admitida, confió una fuente del alto cuerpo. El dictamen de fondo llevará su tiempo. En ese ínterin, el Gobierno deberá afrontar la protesta de los estatales, que se prolongará en el tiempo, con la amenaza de la violencia que ya mostró su rostro.

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