Aguinaldo a los programas de empleo y el bono de 1000 por cada hijo fueron los principales reclamos que ayer llevaron los movimientos populares a un acto en la Casa Rosada al oficializar la puesta en marcha del Relevamiento Nacional de Barrios Populares.

En medio de la discusión por el plus de fin de año para los sectores más vulnerables y ante los temores de posibles conflictos sociales en diciembre, el Gobierno dio una muestra de nueva sintonía con las organizaciones sociales y las asociaciones de la sociedad civil que ayer asistieron al Museo de la Casa Rosada para participar de la presentación de la revisión que se realizará en los asentamientos de todo el país. El objetivo es identificar a aquellos chicos que no acceden a la Asignación Universal por Hijo y conocer el estado de los servicios a los que acceden las familias. Hasta el momento se detectaron unos 7 mil chicos que pueden comprar la AUH y no lo estaban haciendo. Serían unos 30.000 los que podrían sumarse al beneficio.

Presentaron un relevamiento de

los asentamientos en todo el país

Las organizaciones reclamaron que se apruebe el proyecto de la Ley de emergencia social; un “aguinaldo social” para cooperativistas y aumentos en los programas sociales. También que el bono anunciado por el Gobierno de mil pesos se cobre por cada hijo en lugar de que sea por grupo familiar.

Desde el lanzamiento de la mesa de diálogo con gremios y empresarios, el Ejecutivo sumó a las organizaciones sociales y a la Iglesia. La semana pasada tuvieron su primer encuentro con la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y hoy serán recibidos por un funcionario del área a la espera de una respuesta a sus reclamos.

El relevamiento comenzó a mediados de julio y se extenderá hasta diciembre bajo de la coordinación del Anses; el Ministerio de Desarrollo Social; y de las organizaciones, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular; Barrios de Pie; la Corriente Clasista y Combativa; Techo y Caritas. Según los datos a los que pudo acceder BAE, se hicieron unos 90.000 registros de familias, que sería sólo el 10 por ciento del total de los barrios.

Tampoco hay datos certeros de la cantidad de asentamientos, que podría llegar a entre 4000 y 5000. El Gobierno estima que existen 3200 barrios populares. El vicejefe de gabinete, Mario Quintana, que ofició de maestro de ceremonia, fue dándole la palabra a los referentes de los sectores piqueteros. Hablaron Horacio Cristiani de Caritas; Virgilio Gregorini de la ONG Techo; Daniel Méndez de Barrios de Pie; Juan Carlos Alderete de la CCC; y Juan Grabois de la CTEP.

El discurso más crítico fue el de Méndez, quien consideró “acertado” el relevamiento pero recalcó “el mal año” producto de la pérdida del empleo y la inflación; y pidió al Ejecutivo que haga un “esfuerzo fiscal” para recomponer la situación de los pobres. Más conciliador se mostró Alderete, quien espera que “en esta oportunidad este gobierno no nos trate de la misma manera como nos trató el gobierno anterior”.

Reclamaron que se apruebe la ley de

emergencia social y aumentos en los planes

El referente más combativo fue Grabois, quien explicó que accedieron a hacer el relevamiento para “derribar mitos” que “no se puede entrar a las villas”, que “la plata de la AUH no se va la canaleta de juego y la droga”, y que son “choriplaneros”.

“No somos vagos”, se defendió al afirmar que más del 80% trabaja en oficios. Reclamó un esfuerzo del Gobierno por el bono de fin de año “muy bajito”. Algunos sectores se fueron enojados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, que cerró el encuentro y les había prometido un discurso “sin tono político”.