"Ya está, ya pasó. Demostramos que somos distintos, y Valentín va a volver cuando aclare todo". El funcionario, con despacho en la Casa Rosada, resumía ayer a media tarde la intención del oficialismo: dar por cerrado el entuerto en torno a la cuenta no declarada de Valentín Díaz Gilligan en un banco de Andorra que terminó con la renuncia del subsecretario general de la Presidencia. Y, de paso, encapsular otras denuncias y críticas de la oposición contra miembros del gabinete, como el ministro de Finanzas, Luis Caputo , o su par de Trabajo, Jorge Triaca .

"Tenemos la tranquilidad de haber dicho siempre la realidad de nuestras situaciones personales", dijo el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis , jefe de Díaz Gilligan hasta anteayer. El funcionario afirmó en declaraciones radiales lo mismo que los demás funcionarios repetirían lejos de los micrófonos horas después: que las situaciones de Caputo (en la mira por su manejo de cuentas offshore en islas Caimán) y Triaca (el escándalo vinculado a su exempleada Sandra Heredia) no son comparables con la de Díaz Gilligan, acusado de omitir en su declaración jurada de 2014 como funcionario del gobierno porteño una cuenta en un banco de Andorra por US$1,2 millones vinculada a la sociedad Line Action, con sede en Londres.

"Toto (Caputo) declaró todo lo que hizo y Triaca no cometió ningún delito ni acto de corrupción, aunque no fue lo más prolijo. Son casos muy distintos", afirmó un asesor presidencial. Según publicó LA NACION, Caputo omitió declarar que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore, según documentos de la SEC. El funcionario lo niega.

Réplica

"La oposición tiene que denunciar, es su juego y lo entendemos, pero eso no significa que tengan razón", agregó un miembro del gabinete. "Nos hicieron 120 denuncias, no tienen un papel", se enojó otro miembro del Gobierno.

¿Cómo quedó la relación con la UCR y la CC-ARI después de las críticas que hicieron? Anteayer el enojo era palpable y algún ministro levantaba la voz: "Los trapos sucios se lavan en casa", decía un miembro del gabinete luego de que el radical Mario Negri y -en menor medida- el lilito y funcionario de la Jefatura de Gabinete Fernando Sánchez hubieran pedido que Díaz Gilligan diera un paso al costado. Ayer, con el ánimo más calmo, las señales fueron de distensión. "Nuestros aliados han sido bastante prudentes en materia de estas situaciones, no hay problema con ellos", dijo De Andreis a LA NACION. "Es una coalición donde todos opinamos", agregaba un alto funcionario al caer la tarde.

Desde el Gobierno quieren demostrar la inocencia de Díaz Gilligan y circunscribir el caso a una "omisión no malintencionada" en su declaración jurada. Por algunos despachos importantes circuló un paper que asegura que Díaz Gilligan figuró como director, y no como accionista (como él mismo declaró a los medios) de Line Action y otras sociedades, por lo que no sería dueño de los fondos y no estaría por lo tanto obligado a declarar ese dinero. El accionista mayoritario sería el empresario uruguayo y experto en compraventa de jugadores Francisco Paco Casal.

"Se equivocó cuando declaró, no tenía los papeles encima, pero de a poco se está aclarando todo", afirmó un vocero del Gobierno al tanto de la recopilación de los documentos, que Díaz Gilligan presentará la semana próxima en dos ámbitos: la Oficina Anticorrupción y el despacho del juez federal Claudio Bonadio, donde recayó la denuncia del kirchnerismo por "presunto lavado de activos y omisión maliciosa" de la cuenta en Andorra, país considerado un paraíso fiscal. "Queremos hablar de la economía que crece, de récord turístico y la venta de cemento, del gran año que vamos a tener", afirmó a LA NACION el asesor presidencial José Torello, con clara intención de dar vuelta la página de las denuncias contra el Gobierno.