El Gobierno daría marcha atrás en su intento de controlar las obras sociales

La Superintendencia de Salud reconoció "un error" en los alcances de una resolución; le otorga al Estado poder de veto sobre los contratos de los gremios con sus proveedores y es resistida
No es la primera vez que Liliana Korenfeld, superintendenta de Servicios de Salud, debe salir a contener la furia de los sindicalistas. Esta vez la tensión no se avivó por el retraso en el reparto de los fondos. La funcionaria santacruceña convocó ayer de urgencia a los gremios para explicar los alcances de la resolución 601/2014, que le otorgó recientemente al Estado un poder de veto sobre los contratos de las obras sociales con sus prestadores.

Por temor a que se engendre una batalla con la CGT, Korenfeld dio la orden de poner paños fríos. El primer paso fue reconocer por teléfono ante un jerárquico de la CGT que el Gobierno no tiene intenciones de modificar el sistema de salud ni de apoderarse de las recaudaciones de sus obras sociales. Se lo explicaría hoy cara a cara al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, al estatal José Luis Lingeri y al taxista Omar Viviani. Tal vez se sume a la reunión el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, porque los gremialistas reclamaron la presencia de otro funcionario de rango ante los reiterados tironeos con Korenfeld.

El segundo argumento que ofreció Korenfeld fue más técnico. No lo expuso ella en persona, sino que lo hizo su equipo de asesores ante los apoderados de las obras sociales. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) les habría dicho a los gremios que la resolución rige únicamente para las prepagas privadas, según confiaron anoche dos dirigentes de peso de la CGT.

"Nos dijo que hubo un error y que se iba a cambiar, que se iba a dar marcha atrás", reprodujo un sindicalista ante sus compañeros la charla que había tenido con Korenfeld. Otro dirigente, mucho más escéptico, le respondió: "Hasta que no deroguen la resolución, el contenido seguirá latente. Cuando se tiene que explicar lo que está escrito es porque está mal escrito. La intención era cagarnos y quedó claro".

En la CGT de Caló hierven las especulaciones y las sospechas sobre la verdadera intención del Gobierno con las obras sociales. Los equipos de abogados de los sindicatos agrupados en la central oficialista presentarán hoy en la SSS "un recurso de reconsideración contra la resolución 601". Es decir, advertirán que están dispuestos a dar batalla en los Tribunales, tal como publicó LA NACION hace tres días.

"Afecta derechos subjetivos e intereses legítimos y contraría expresamente derechos y garantías de la Constitución nacional, configurando un acto administrativo de nulidad absoluta", dice un fragmento del documento, que llegará hoy a manos de Korenfeld.

Y se agrega: "Se ve restringido arbitrariamente su derecho de suscribir contratos prestacionales sin la autorización de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Hay excesos de facultades y atribuciones otorgadas. Violenta derechos y garantías constitucionales".

Cuando Caló se encuentre hoy con Korenfeld y Capitanich les pedirá que se dicte una nueva resolución para derogar la 601/2014. Además, no se descarta que vuelva a la carga para exigir que se agilicen los pagos de la deuda a las obras sociales sindicales. Según fuentes de la CGT oficialista y de las dos vertientes opositoras, el Estado les adeudaría a los gremios unos 15.000 millones de pesos, que estarían atesorados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

"La Superintendencia recibe mes a mes la información de todos los contratos. No sé por qué hicieron esto. Ellos [por la SSS] pueden venir y auditar, tienen la competencia para hacerlo. Pero no sé por qué salieron con esta resolución", dijo ayer a LA NACION Armando Cavalieri, el líder de la Federación de Empleados de Comercio, cuya obra social presta servicios a casi 2.500.000 personas.

La disputa entre los gremios y el Gobierno por el dinero de las obras sociales empuja a las tres CGT hacia una forzada unidad. Caló está tan preocupado por el avance estatal como lo están Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Un sindicalista que está hoy en la CGT moyanista lo explicó ayer de manera cruda: "Todos los muchachos estamos en alerta porque en las obras sociales está la caja".

En la víspera del Día del Trabajador, las tres vertientes de la CGT tomaron la resolución 601 como una embestida del Gobierno contra el sindicalismo. Así como el malestar fue unánime al conocer la medida, no sucederá lo mismo con la reacción. Moyano y Barrionuevo organizan sin la CTA de Pablo Micheli una protesta en la Plaza de Mayo para el 14 de mayo. Mientras que Caló y el resto de los oficialistas publicarán mañana una solicitada con reclamos, aunque dejarán en claro que se mantendrán alineados.

UN NEXO UNIDO POR LA DESCONFIANZA

Antonio Caló

Jefe de la CGT oficialista

Pedirá que se derogue la resolución que le da al Estado poder de veto sobre los contratos de las obras sociales con sus prestadores

En caso de que no prospere su pedido, irá a la Justicia por considerar que "violenta derechos y garantías constitucionales". Además, reclamará la deuda con las obras sociales

Liliana Korenfeld

Superintendenta de salud

Está a cargo del reparto de los fondos a las obras sociales sindicales. Es santacruceña y no es la primera vez que se cruza con el sindicalismo

Explicó que la resolución se trató de "un error" y que el Gobierno no tiene intenciones de modificar el sistema de obras sociales. Los gremios desconfían de ella.

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