El Poder Ejecutivo ya tomó la decisión de apostar por la aprobación legislativa de uno de los tres proyectos en los que se había desgajado la versión original de la Reforma Laboral luego de que constatara su inviabilidad política a partir de las masivas protestas de diciembre de 2017.

Aquellos tres proyectos, a su turno, también fueron cajoneados durante 2018 como resultado de la inestabilidad económica y la crisis política que sufrió la gestión de Cambiemos.

Ahora, según confirmó Tiempo Argentino, el gobierno nacional busca la aprobación de uno de los proyectos mientras, por otro lado, insisten en la estrategia de revisar convenios sectoriales.

Para el gobierno, la presentación del proyecto también tiene un propósito electoral. Es que, en un contexto de recesión y tasas de interés exorbitantes, avanzar en algún aspecto de la política de flexibilización laboral podría ser una vía para cauterizar las heridas en el frente empresarial, que fuera su base de sustentación en 2015 y 2017.

El proyecto que impulsa promueve el blanqueo laboral y la creación del Fondo de Cese Laboral para reemplazar, en sectores puntuales, el régimen de indemnizaciones que establece la Ley de Contratos de Trabajo (LCT).

Desde la cartera de producción creen que podría pasar sin mayores resistencias de parte de la conducción de la CGT, lo que allanaría el camino para reunir voluntades entre la oposición del PJ.

Desde un primer momento, cuando se esbozó el proyecto original, el entonces triunvirato de la CGT se mostró favorable a los artículos que implican el blanqueo, aunque el gobierno pretendiera condicionarlo a la derogación de la denominada irrenunciabilidad de los derechos laborales.