El polémico acuerdo de salvataje que el Gobierno Nacional firmó con Carrefour es un arma de doble filo para la administración Cambiemos. Si bien aún no fue homologado, tiene algunos puntos que prevén conflictos laborales y demandas de diferentes sectores que pugnan por igualdad de derechos. En paralelo -y mientras se debate la quita de impuestos a las tarifas de servicios que terminarán resignando ingresos de los estados-, el Estado Nacional perderá una suma millonaria en materia de recaudación por el pacto con la supermercadista francesa, que pidió un salvavidas oficial tras declarar tres balances consecutivos con números rojos.

Hay un punto que es el eje del acuerdo: en el marco del Preventivo de Crisis, que se extenderá hasta 2021, el ministerio de Trabajo le permite a Carrefour pagar el 50% de las cargas sociales por un plazo de 2018. En la cartera que conduce Jorge Triaca describen este beneficio como “una ayuda”. Esa decisión, sin embargo, es un golpe de magnitud para las arcas oficiales. Los abogados laboralistas que trabajan en caso ya hicieron números, y concluyeron que el beneficio otorgado a la cadena le hará perder al Estado Nacional más de $800 millones en un año y medio. La cifra surge de un cálculo que realizó el abogado Gonzalo Espinoza Paz, uno de los que sigue el caso de cerca y mantiene una fuerte oposición al PPC pedido por la firma. El detalle es que Carrefour tiene en todo el país 19.000 empleados, que cobran un salario promedio de $20.000. Por ellos la cadena paga un 21,5% de contribuciones patronales, entre ellas Seguridad Social, Jubilación y PAMI. Sin contabilizar los aportes sindicales y a las obras sociales. Son, básicamente, los ingresos que el privado le paga al Estado. Así, el 21,5% equivale a unos $4300 por trabajador, unos $81.700.000 para los 19.000 trabajadores. Ese monto, dividido a la mitad (lo que pagará Carrefour por el beneficio oficial) redunda en $40.850.000 mensuales. Lo que asciende a unos $531 millones en un año, y más de $800 millones en los 18 meses que durará la amnistía impositiva.

Vale decir que este cálculo omite un monto que es más complejo de calcular, y que incrementará el daño sobre las arcas oficiales. No incluye lo que Carrefour se ahorraría por salarios, aportes y contribuciones al no aplicar los aumentos paritarios sobre una parte importante de las remuneraciones del personal. Este punto refiere a otro ítem del acuerdo: la posibilidad de computar como no remunerativo el aumento del 15% que firmó el Sindicato de Comercio con las patronales de la actividad.

La cifra que se publica en este análisis es el cálculo que tienen casi todos los grandes supermercados, que se pusieron a hacer números, impactados por las condiciones de un convenio que aún no llegan a comprender. Algunos de ellos, aclaran, que puede haber diferencias hacia arriba en el cálculo, dado que hay salarios promedio más elevados, como los del gremios de Camioneros, una actividad que aporta 1500 trabajadores en los 19.000 totales de Carrefour.

La duda de la mayor parte de los litigantes que observan de cerca el texto del convenio es que, a su entender, buena parte de las concesiones que se les dieron a los franceses no corresponden a un PPC sino a un Concurso de Crisis. Técnicamente, explican que el PPC no exige mostrar tres balances en rojo, lo que sí requiere el Concurso. Por todo esto es que muchos suponen que la movida de Carrefour fue más estratégica y para negociar que una situación real que complicara el panorama operativo de la firma en el país.