El Gobierno porteño y la Unión Obrera de la Construcción avanzaron en un esquema para reanudar unas 3.500 obras privadas que están paralizadas en la ciudad de Buenos Aires por la cuarentena obligatoria y que podrían darle trabajo a unas 10.000 personas.

Así se acordó durante un encuentro entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, del que también participó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti, en el que analizaron cómo aplicar los protocolos de seguridad consensuados entre el sindicato y la cámara empresarial.

Las medidas no sólo incluyen el control de la temperatura de cada obrero y la provisión de elementos de protección personal, sino también un estricto dispositivo para transportar a los trabajadores hasta las obras, pagado por las empresas constructoras, ya que el gobierno nacional se opone a que la gente vaya a trabajar en el transporte público para evitar los contagios.

Rodríguez Larreta y Martínez convinieron que mantendrán la semana próxima otra reunión a la que serán convocados la Cámara de la Construcción (CAMARCO) y los principales desarrolladores inmobiliarios para continuar perfeccionando la propuesta de reanudar las obras, que deberá ser elevada al gobierno nacional para que analice su viabilidad y pueda aprobarlo.

El protocolo de seguridad incluye tomar la temperatura de los obreros en los ingresos de las obras

La industria de la construcción atraviesa una de sus peores crisis en la Argentina: en abril pasado se perdieron 35.000 empleos en la actividad y el número total de trabajadores es hoy de 280.000, cuando hace un año y medio habían llegado a 430.000, según el último informe del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

“La construcción pasó de perder 5.281 puestos de trabajo entre febrero de 2018 e igual mes de 2019 a reducir 72.119 puestos entre similares períodos de 2019 y 2020, transformándose por lejos en el sector con mayor pérdida de empleos -señaló el estudio-. Producto de ello, el sector de la Construcción se transformó en aquel que, en términos relativos, más vio caer sus niveles de empleos formales, experimentando una reducción del 16,9% en los dos últimos años, poco menos que duplicando la de la industria manufacturera, que en igual lapso de tiempo se contrajo un 8,3%”.

Pese a los permanentes pedidos para reanudar la actividad, el sector de la construcción todavía está paralizado en el AMBA. La expectativa de los empresarios y los sindicalistas era que el presidente Alberto Fernández autorizara la reanudación de las obras del sector privado en el distrito para garantizar unas 100.000 fuentes de trabajo en peligro por el parate casi total de la actividad.

Así se llegó a una reunión en la quinta de Olivos, el 15 de abril, en la que el primer mandatario escuchó la posición de CAMARCO y de la UOCRA, que le explicaron en qué consistía el estricto protocolo de seguridad que habían acordado, y luego Alberto Fernández fue flexibilizando la cuarentena en el resto del país, donde se reanudaron las obras públicas y privadas, pero no en el AMBA.

Gerardo Martínez, titular de la UOCRA

Martínez dijo en ese momento que estaba hablando con las autoridades del gobierno porteño para reanudar obras “con características y una rigidez distinta a la del resto del país, ya que hay emprendimientos que se pueden hacer como, por ejemplo, el emprendimiento del Tiro Federal, ya que es del sector privado y las empresas están decididas a hacerlo”. Agregó que “entre esa obra y otras con recursos de la Ciudad de Buenos Aires estaríamos generando unos 10.000 puestos de trabajo más”.

Pese a la negativa presidencial, empresarios y sindicalistas del sector elaboraron el protocolo de seguridad, que establece, por ejemplo, una rigurosa organización de los ingresos de los obreros: incluye “realizar un estricto control de las personas que ingresen a la obra; escalonar y diferir horarios de ingreso a efectos de evitar aglomeraciones, coordinando entre personal propio y trabajadores de las empresas subcontratistas por gremios, los cuales deberán tener diferentes horarios de acceso a la obra; producir un cronograma de Ingresos escalonado, y promover distintos turnos de trabajo, a efectos de distribuir temporalmente al personal, en aquellos casos donde la distribución espacial dificultaría la continuidad operativa”, entre otros puntos.

El procedimiento de ingreso a las obras contempla, además de la provisión de elementos de seguridad, la indagación a los obreros de alguno de los síntomas del COVID-19, la toma de temperatura y un registro de los datos personales y sanitarios.

También está confeccionado un protocolo específico para el transporte del personal: allí figura que las empresas deben trasladar a los obreros “desde sus domicilios hasta cada unidad de producción” y fija los resguardos de seguridad que deben tener los micros o combis utilizados para evitar los contagios, desde la distancia entre los asientos hasta la ventilación de los vehículos.