La convocatoria al paro de la CGT y la presión de los gobernadores por el destino de la paritaria docente no sólo sellaron la semana política que pasó. También dejaron planteado un clima que amenaza con extenderse y marcar el ritmo de la agenda del primer semestre de este año electoral, clave para Mauricio Macri y para la oposición.

Así lo evalúa el Gobierno, que vislumbra semanas de tensión gremial en alza y de mayor conflictividad social. Basa su análisis en varios factores. Por un lado, las elecciones de medio término de octubre. Por otro, una combinación entre recursos fiscales más escasos y menos voluntad de su parte para resolver conflictos con billetes. Atravesando ambas cuestiones persiste una situación económica que, más allá del discurso oficial de "recuperación incipiente", aún no da señales sostenidas de reactivación.

Todo pasó el jueves. La CGT convocó a una marcha el 7 de marzo y amenazó con organizar un paro en la segunda quincena del mes que viene. Sería la primera huelga nacional contra Macri. El año pasado, el Gobierno sólo enfrentó una movilización masiva de las tres CGT (entonces dividida) y las dos CTA, y amagues de paro que la CGT unificada nunca concretó.

También el jueves la mayoría de los gobernadores se juntaron para advertir que actuarán en bloque para garantizarse los fondos nacionales que les permitan afrontar la paritaria docente. Por primera vez en 11 años, la negociación no empezará con la fijación de un piso nacional que encauce la negociación en las provincias.

Frente a ambos movimientos, que tienen como elemento común la decisión de tensar la cuerda con Macri, el Gobierno optó por una estrategia hasta ahora poco explorada: esperar y ver, dejar que baje la espuma, no forzar una respuesta.

"No vamos a actuar de forma reactiva ni intempestiva. Vamos a convocarlos [a los jefes de la CGT], pero no ahora, vamos a esperar un poco", dijeron a LA NACION cerca de un ministro de trato habitual con los gremios. El rumbo quedó trazado en público por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el argumento de que el paro busca marcar la cancha de cara a las legislativas y no tiene razón de ser porque la economía está empezando a salir del abismo.

En la CGT rechazan de plano esa mirada optimista y ratifican la intención de ir a la huelga, pero al mismo tiempo admiten que el diálogo con el Gobierno sigue existiendo y que la huelga podría quedar en la nada si el Gobierno "rectifica el rumbo". ¿Qué quiere decir rectificar el rumbo? ¿Qué medidas concretas podrían sepultar el paro?

Las respuestas van desde cuestiones específicas, como presionar a los empresarios que no pagaron el bono de $ 2000 a fin del año pasado para que lo hagan, hasta consignas más genéricas y utópicas, como que Macri revierta la política de apertura de importaciones u obligue a las grandes cadenas de supermercados a bajar drásticamente los precios.

El Gobierno ya avisó que su política de combate de la inflación no recorrerá esos caminos. "Acá el problema es que no se animan a joder a nadie y terminan jodiendo a todos los trabajadores", graficó un jefe gremial ante LA NACION.

En el Gobierno apuestan al paso de los días y a las "conversaciones sectoriales", así las llaman, con los gremios por separado, más que a intentar seducir al triunvirato que conduce la CGT. Aseguran que el vínculo entre Macri y pesos pesados de la central como Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) es "excelente y directo".

Aunque no tan directamente, el Gobierno admite además "haber aprendido la lección" del año pasado respecto de las concesiones al movimiento obrero, sobre todo, el pago de la deuda con las obras sociales sindicales y la reforma en Ganancias. "No vamos a entregar tanto. Ni siquiera tenemos con qué", esbozan.

Por otro lado, una vez superado (o no) el escollo del paro, llegarán las paritarias del sector privado, que muy difícilmente se ajusten a la pauta del 17% que pretende Macri.

Con la mira en octubre

El frente abierto con los gobernadores por la paritaria docente tendrá, necesariamente, otros tiempos. La posibilidad de que se pierdan días de clase en el inicio de un año electoral es un escenario que el Gobierno intentará evitar a toda costa.

Para eso deberá garantizar que los fondos con los que se asiste a las provincias que no pueden pagar el salario mínimo, llegue en tiempo y forma a manos de los gobernadores.

También los gobernadores afrontan elecciones, más allá de que este año se elegirán diputados y senadores. Aspiran a ganar espacio en sus legislaturas, colmadas de representantes del kirchnerismo que ingresaron en 2013, cuando Cristina Kirchner tenía el control de las listas del PJ. Otros, como el salteño Juan Manuel Urtubey, se juegan buena parte de sus chances de ser candidatos competitivos en 2019.

Más que al tiempo (falta un mes para que empiecen las clases), en el caso de los gobernadores la Casa Rosada apuesta a garantizar la asistencia a las provincias más apremiadas y así aplacar la presión del resto.